El 19 de marzo de 2010, cuando la madre de Andrei Zhuk llevó a la prisión de Minsk, en Bielorrusia, uno de sus habituales paquetes de comida, tuvo que darse la vuelta. Los funcionarios le dijeron que su hijo “había sido trasladado”, que no fuera más a visitarle y que esperase la notificación del tribunal.
Tres días después, el personal de prisión le dijo que Andrei había sido ejecutado. Los funcionarios se negaron a entregarle el cadáver o sus pertenencias, y a decirle siquiera dónde lo habían enterrado. Se quedó conmocionada. Su esposo sufrió un ataque al corazón al conocer la noticia.
Bielorrusia es el único estado europeo que todavía aplica la pena de muerte. Y lo hace de una manera que multiplica el dolor que sienten las familias con la pérdida: nunca les entrega el cadáver ni les dice dónde está enterrado.
En los últimos 10 años, al menos 31 países han abolido la pena de muerte. Con tu apoyo, podemos conseguir que Bielorrusia se sume a esa lista. Da un paso adelante por el fin del más cruel de los castigos: Firma aquí nuestra petición y difunde esta información entre tus contactos.
Gracias por creer que entre todos podemos lograrlo.
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Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española
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