Dentro de las Jornadas organizadas por la Fundación 1º de Mayo y el Centro de Estudios de Servicios a la Ciudadanía el 17 de febrero de 2011, se ha presentado este trabajo de Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia sobre "Administraciones Públicas. Causas objetivas de despido: el déficit públicio y la reorganización administrativa".
Uno de los efectos, podríamos decir que colaterales, de la situación de crisis que ha golpeado duramente nuestra economía, ha sido el recurso de algunas Administraciones Públicas a la reorganización de su empleo, acudiendo incluso en el empleo laboral al recurso a las extinciones contractuales por causas objetivas, esencialmente por causas económicas y organizativas.
Es un efecto vinculado sin duda al empeoramiento de la situación presupuestaria de los organismos públicos y que se ha producido, sobre todo, en el ámbito de la Administración Local.
El hecho de que pueda hablarse de una cierta generalización del problema, obviamente con dimensiones menores a la que ha producido la destrucción de empleo en el sector privado, conduce a que haya que establecer algunas reflexiones al respecto, sobre todo porque al plantearse el problema en el ámbito laboral es muy posible que la aproximación que se haga al mismo por algunos órganos judiciales se realice sin tener en cuenta ciertos condicionantes no laborales que, sin duda, merecen ser valorados a la hora de resolver la cuestión (sobre todo normas administrativas y presupuestarias).
Desde luego la cuestión presenta perfiles complejos, más por cierto de lo que muchas veces se toman en consideración, aunque no es totalmente nueva y existen precedentes, a los que luego aludiré, en los que alguna administración se había acogido ya a esta posibilidad.
Es un efecto vinculado sin duda al empeoramiento de la situación presupuestaria de los organismos públicos y que se ha producido, sobre todo, en el ámbito de la Administración Local.
El hecho de que pueda hablarse de una cierta generalización del problema, obviamente con dimensiones menores a la que ha producido la destrucción de empleo en el sector privado, conduce a que haya que establecer algunas reflexiones al respecto, sobre todo porque al plantearse el problema en el ámbito laboral es muy posible que la aproximación que se haga al mismo por algunos órganos judiciales se realice sin tener en cuenta ciertos condicionantes no laborales que, sin duda, merecen ser valorados a la hora de resolver la cuestión (sobre todo normas administrativas y presupuestarias).
Desde luego la cuestión presenta perfiles complejos, más por cierto de lo que muchas veces se toman en consideración, aunque no es totalmente nueva y existen precedentes, a los que luego aludiré, en los que alguna administración se había acogido ya a esta posibilidad.
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fuente: Fundacion1ºdeMayo
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