Ante los nuevos datos que ponen de manifiesto la gravedad de la situación económica española y europea, y ante las decisiones de carácter económico y laboral que va a adoptar el Consejo de Ministros, mañana viernes, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han decidido remitir una carta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que manifiestan la conveniencia de "adoptar decisiones en una serie de apartados que puedan mejorar las condiciones para dinamizar el ritmo de actividad de la producción española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población".
La carta de los secretarios generales de CCOO y UGT dice así:
La generación de 
empleo en el centro de la política económica
La economía española mantiene un débil pulso de actividad insuficiente para generar empleo, el principal problema de nuestra sociedad. En un contexto de incertidumbre internacional con un fuerte endeudamiento de las familias y empresas españolas donde además, el crédito está muy bloqueado debido a la necesidad de capitalización del sistema financiero español, es conveniente adoptar decisiones en una serie de apartados que puedan mejorar las condiciones para dinamizar el ritmo de actividad de la producción española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población.
La economía española debe aprovechar todas las bazas disponibles para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional, y con ese objetivo es imprescindible conseguir un estricto control de los precios de los bienes y servicios nacionales. La experiencia muestra la existencia de núcleos de gran importancia donde el crecimiento de los precios es muy superior al valor añadido ofrecido por los productores, con la consiguiente contaminación de todo el proceso de determinación de los precios en el resto de los sectores de actividad. Este comportamiento sostenido durante muchos años atrás, supone un lastre importante en la actual situación.
Teniendo en cuenta, además, que la dependencia externa de los precios energéticos condiciona en buena medida las posibilidades de adaptación de la economía española, la evolución razonable de los precios españoles debe contar con la colaboración de todos los agentes económicos con influencia en el proceso. Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento como el establecido en el actual AENC con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente, si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español.
La ampliación del periodo temporal se plantea con estos criterios pero necesita como elemento previo el desbloqueo de la negociación colectiva que permita suscribir los convenios correspondientes a 2011 de acuerdo a lo recogido en el Acuerdo en vigor. Este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incremento de precios (la tasa interanual está por encima del 3%, mientras el incremento salarial revisado se sitúa en el 2,2% y en el 1,6% en los convenios nuevos), lo que mermará aún más las posibilidades de reactivación económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna. En la misma línea, se debe cumplir con el acuerdo suscrito por el Gobierno que atañe a los empleados públicos.
El objetivo de mejorar la competitividad, a corto plazo, de la economía española, unido a la mejora del valor añadido en el horizonte más amplio de tiempo, debe caminar al lado de una recapitalización rápida del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito que permitan financiar los gastos de explotación y las nuevas inversiones de las empresas.
El control de precios juega un papel determinante en el terreno competitivo de las mercancías españolas, pero es especialmente importante alcanzarlo en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas: energía, transporte público y alimentos. El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo.
Las cuentas públicas españolas están inmersas en un proceso de saneamiento para cumplir con las obligaciones de pertenecer a la moneda única, que obliga a reducir el actual saldo negativo de las administraciones públicas. Para conseguirlo es preciso acometer reformas para mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre administraciones, pero a la vez, es imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía, tal y como muestran las cifras de los países más desarrollados que cuentan con ingresos fiscales muy encima de los españoles (la media de la UE27 en 2010 era más de 6 puntos del PIB superior a la de España).
La lucha contra el fraude debe convertirse en seña de identidad de todas las administraciones públicas para mejorar la cultura fiscal española, pero este cambio debe estar acompañado de modificaciones en figuras tributarias para aumentar las aportaciones de determinadas fuentes y niveles de renta. Entre las múltiples iniciativas cabe destacar: implantación de los anteriores tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, implantación de una tarifa progresiva entre 15% y 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF e, igualación del tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante eliminación de las deducciones fiscales dentro de un proceso de mayor control de la tributación en este impuesto.
La racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público español desplegar la necesaria presencia en los distintos ámbitos de las relaciones económicas, con especial hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleo y peligro de exclusión social) y la población jubilada que no debe sufrir recortes en su poder adquisitivo, más injustificados si cabe al observar la posición financiera del segmento contributivo de la Seguridad Social.
El acceso a la vivienda con un precio razonable sigue siendo uno de los retos de la sociedad española, de forma que reducir las actuales deficiencias colaborarían a mejorar el poder adquisitivo de las personas. En este terreno es muy necesario abordar una política ambiciosa de desarrollo del alquiler mezcla de incentivos a la puesta en mercado de las viviendas desocupadas (aumento de la tributación en el IRPF a los propietarios) y garantía de la propiedad, mediante los correspondientes avales sobre la recuperación de la vivienda al final del plazo, y la bonificación a los inquilinos según su nivel de renta para mejorar su solvencia. El fracaso de la política aplicada en las dos últimas décadas hace necesario reflexionar para no caer en los mismos problemas. Una política diferente con las características enunciadas puede reducir el precio de un bien básico, la vivienda, mediante la ampliación de la oferta de vivienda y dinamizar este mercado, incluso con la posibilidad de uso de los amplios stocks de las entidades financieras.
La política económica del país tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo con esfuerzos equilibrados para evitar que las personas en peor situación asuman el mayor coste de una crisis tan profunda y compleja. La contratación a tiempo parcial puede ser una herramienta para mejorar la creación de empleo, pero en ningún caso se debe pervertir su filosofía para utilizar este contrato como principal mecanismo de entrada sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores.
El empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes, quienes sufren el paro de forma especialmente intensa. La mejora de sus posibilidades debe estar apoyada en la educación, pero también en la formación específica demandada por el tejido productivo español. Con este propósito, conviene introducir modificaciones para acercar el modelo español al aplicado en otros países más desarrollados donde se combina la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.
Al mismo tiempo que la generación de empleo debe ser el objetivo principal, se debe garantizar la protección de los desempleados, pues la pérdida de empleo es una de las causas que acercan a la pobreza y a la exclusión social. La preocupante caída de la tasa de cobertura (que se sitúa en el 70,2%, es decir 8,1 puntos por debajo de la del año anterior) por el alargamiento de la crisis (lo que provoca que se estén agotando las prestaciones contributivas y las ayudas familiares, en un entorno de baja creación de empleo), hace imprescindible mantener al menos los mecanismos de protección.
fuente: CCOO
empleo en el centro de la política económica
La economía española mantiene un débil pulso de actividad insuficiente para generar empleo, el principal problema de nuestra sociedad. En un contexto de incertidumbre internacional con un fuerte endeudamiento de las familias y empresas españolas donde además, el crédito está muy bloqueado debido a la necesidad de capitalización del sistema financiero español, es conveniente adoptar decisiones en una serie de apartados que puedan mejorar las condiciones para dinamizar el ritmo de actividad de la producción española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población.
La economía española debe aprovechar todas las bazas disponibles para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional, y con ese objetivo es imprescindible conseguir un estricto control de los precios de los bienes y servicios nacionales. La experiencia muestra la existencia de núcleos de gran importancia donde el crecimiento de los precios es muy superior al valor añadido ofrecido por los productores, con la consiguiente contaminación de todo el proceso de determinación de los precios en el resto de los sectores de actividad. Este comportamiento sostenido durante muchos años atrás, supone un lastre importante en la actual situación.
Teniendo en cuenta, además, que la dependencia externa de los precios energéticos condiciona en buena medida las posibilidades de adaptación de la economía española, la evolución razonable de los precios españoles debe contar con la colaboración de todos los agentes económicos con influencia en el proceso. Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento como el establecido en el actual AENC con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente, si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español.
La ampliación del periodo temporal se plantea con estos criterios pero necesita como elemento previo el desbloqueo de la negociación colectiva que permita suscribir los convenios correspondientes a 2011 de acuerdo a lo recogido en el Acuerdo en vigor. Este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incremento de precios (la tasa interanual está por encima del 3%, mientras el incremento salarial revisado se sitúa en el 2,2% y en el 1,6% en los convenios nuevos), lo que mermará aún más las posibilidades de reactivación económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna. En la misma línea, se debe cumplir con el acuerdo suscrito por el Gobierno que atañe a los empleados públicos.
El objetivo de mejorar la competitividad, a corto plazo, de la economía española, unido a la mejora del valor añadido en el horizonte más amplio de tiempo, debe caminar al lado de una recapitalización rápida del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito que permitan financiar los gastos de explotación y las nuevas inversiones de las empresas.
El control de precios juega un papel determinante en el terreno competitivo de las mercancías españolas, pero es especialmente importante alcanzarlo en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas: energía, transporte público y alimentos. El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo.
Las cuentas públicas españolas están inmersas en un proceso de saneamiento para cumplir con las obligaciones de pertenecer a la moneda única, que obliga a reducir el actual saldo negativo de las administraciones públicas. Para conseguirlo es preciso acometer reformas para mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre administraciones, pero a la vez, es imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía, tal y como muestran las cifras de los países más desarrollados que cuentan con ingresos fiscales muy encima de los españoles (la media de la UE27 en 2010 era más de 6 puntos del PIB superior a la de España).
La lucha contra el fraude debe convertirse en seña de identidad de todas las administraciones públicas para mejorar la cultura fiscal española, pero este cambio debe estar acompañado de modificaciones en figuras tributarias para aumentar las aportaciones de determinadas fuentes y niveles de renta. Entre las múltiples iniciativas cabe destacar: implantación de los anteriores tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, implantación de una tarifa progresiva entre 15% y 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF e, igualación del tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante eliminación de las deducciones fiscales dentro de un proceso de mayor control de la tributación en este impuesto.
La racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público español desplegar la necesaria presencia en los distintos ámbitos de las relaciones económicas, con especial hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleo y peligro de exclusión social) y la población jubilada que no debe sufrir recortes en su poder adquisitivo, más injustificados si cabe al observar la posición financiera del segmento contributivo de la Seguridad Social.
El acceso a la vivienda con un precio razonable sigue siendo uno de los retos de la sociedad española, de forma que reducir las actuales deficiencias colaborarían a mejorar el poder adquisitivo de las personas. En este terreno es muy necesario abordar una política ambiciosa de desarrollo del alquiler mezcla de incentivos a la puesta en mercado de las viviendas desocupadas (aumento de la tributación en el IRPF a los propietarios) y garantía de la propiedad, mediante los correspondientes avales sobre la recuperación de la vivienda al final del plazo, y la bonificación a los inquilinos según su nivel de renta para mejorar su solvencia. El fracaso de la política aplicada en las dos últimas décadas hace necesario reflexionar para no caer en los mismos problemas. Una política diferente con las características enunciadas puede reducir el precio de un bien básico, la vivienda, mediante la ampliación de la oferta de vivienda y dinamizar este mercado, incluso con la posibilidad de uso de los amplios stocks de las entidades financieras.
La política económica del país tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo con esfuerzos equilibrados para evitar que las personas en peor situación asuman el mayor coste de una crisis tan profunda y compleja. La contratación a tiempo parcial puede ser una herramienta para mejorar la creación de empleo, pero en ningún caso se debe pervertir su filosofía para utilizar este contrato como principal mecanismo de entrada sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores.
El empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes, quienes sufren el paro de forma especialmente intensa. La mejora de sus posibilidades debe estar apoyada en la educación, pero también en la formación específica demandada por el tejido productivo español. Con este propósito, conviene introducir modificaciones para acercar el modelo español al aplicado en otros países más desarrollados donde se combina la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.
Al mismo tiempo que la generación de empleo debe ser el objetivo principal, se debe garantizar la protección de los desempleados, pues la pérdida de empleo es una de las causas que acercan a la pobreza y a la exclusión social. La preocupante caída de la tasa de cobertura (que se sitúa en el 70,2%, es decir 8,1 puntos por debajo de la del año anterior) por el alargamiento de la crisis (lo que provoca que se estén agotando las prestaciones contributivas y las ayudas familiares, en un entorno de baja creación de empleo), hace imprescindible mantener al menos los mecanismos de protección.
fuente: CCOO
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