Conferencia:Situacion actual de la sanidad pública por Gaspar Llamazares

El próximo jueves 12 de marzo a las 19 horas en el Restaurante Mesón "Molino de la Romera" de Carmona (calle Puerta de Marchena), Izquierda Unida Carmona organiza un encuentro con Gaspar Llamazares, Diputado de IU en el Congreso de los Diputados. 

 

 Junto a Encarna Milla, candidata de IU a la alcaldía de Carmona, analizarán la situación actual de la sanidad pública y sus perspectivas de futuro con las políticas llevadas a cabo con los gobiernos actuales.

Día: 12 de Marzo 

hora: 19:00 

Lugar: Molino de la Romera

La Mesa del Congreso acepta a la cuarta la petición de Llamazares para que Dívar comparezca en el Congreso

Esta comparecencia se suma a la ya aprobada la semana pasada por el órgano de gobierno de la Cámara Baja para que también acuda el fiscal general del Estado. Sin embargo, rechaza la solicitud para que pudieran explicarse ante la Comisión de Justicia los vocales del CGPJ Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y Félix Azón, que también lo habían reclamado a petición propia 

 A la cuarta fue la vencida. La Mesa del Congreso ha aceptado hoy tramitar favorablemente la cuarta petición de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ante la Comisión de Justicia que la semana pasada registró el diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares. Será ahora a esta comisión a la que corresponda buscar fecha para que Dívar dé explicaciones en sede parlamentaria.

 Por otra parte, la Mesa rechazó otra petición de IU para que comparecieran también los vocales nombrados por las Cortes Generales en 2008 para el CGPJ Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y Félix Azón. El motivo alegado para esta solicitud es el mismo planteado por ellos mismos para acudir al Congreso a petición propia, es decir, “para informar de su actividad, gastos y posición sobre la situación general del Consejo General del Poder Judicial”. 

 Llamazares registró la cuarta petición de comparecencia de Dívar con la siguiente redacción: “Al objeto de detallar los contenidos de la Memoria de 2011 del CGPJ, relativos a la Presidencia (páginas 19-27), actividades de acuerdo con el Artículo 109.2 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial” ...seguir leyendo...

fuente:IzquierdaUnida

Detrás de las líneas rojas: asalto al sistema nacional de salud

El PP tiene como principal objetivo romper la universalización, es decir sacar a las clases medias del Sistema Nacional de Salud, en tres frentes: reduciendo salarios de personal y prestaciones considerándolas lujosas y “pecaminosas” a veces para que se compren en el mercado (fertilización, aborto,…), con el objetivo de establecer unas prestaciones básicas y otras de pago. Introduciendo repagos o tasas para favorecer la “competencia” y la “mercantilización” y por tanto el flujo hacia el sector privado de aquellos que sufrirían doble imposición. Caminando todo ello, con desgravaciones fiscales y la generalización de mercados internos para el sector privado, hacia la precariedad y dualización del Sistema Nacional de Salud.

Detrás de las líneas rojas: asalto al sistema nacional de salud 

Gaspar LLamazares

 

Las medidas aprobadas por el Gobierno del PP suponen un cambio de modelo del sistema sanitario, que deja de ser universal y permitirá que las capas medias sean arrojadas a los brazos de las aseguradoras privadas. 

Nuestro sistema sanitario público es reconocido por los profesionales y los ciudadanos como un sistema universal de calidad y de bajo coste. 

Sin embargo, el Gobierno sacrifica la sanidad y la educación en aras de los mercados. El gobierno ha anunciado un recorte brutal en educación y sanidad de 10.000 millones de euros para aplacar la desconfianza de los mercados ante el proyecto de Presupuestos para 2012. Hemos pasado del recorte al hachazo y de éste a la tala. 

Esta tala afectaría a más del 10% del presupuesto sanitario que está en su mayoría en manos de las Comunidades Autónomas, mediante medidas drásticas de recorte de prestaciones, repagos de fármacos (a ricos), privatizaciones y desgravaciones fiscales que cambiarían de hecho el modelo universal financiado por impuestos de nuestro estado de bienestar o medioestar. Se trataría pues de aprovechar la crisis para demoler el modelo universal, con un nuevo hachazo que se suma al ya sufrido en el año 2011.

 Es necesario destacar que nuestro débil estado social, que es perfectamente sostenible para nuestro nivel de renta, es fruto de un escaso compromiso financiero del Estado con las políticas sociales, derivado, entre otras razones, de un sistema fiscal escasamente progresivo y lleno de agujeros que facilita el fraude y la evasión generalizados de las rentas altas y una escasa contribución impositiva de las plusvalías, sociedades y patrimonio, en contraposición al IRPF o al IVA que pagan los asalariados. 

Este bajo nivel de inversión social explica que, a pesar de la sanidad universal, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia, estemos muy lejos de la Unión Europea. Sin embargo, todo ello se corresponde con una derecha que no hizo su transición por el Estado de bienestar y una izquierda gobernante que ha mantenido el Estado social en una situación de debilidad limitándolo a un mediocre Estado del medioestar. A ello han contribuido los que calificaron las rebajas fiscales como medidas de izquierdas y aceptaron propuestas como los modelos privados de gestión o la colaboración público-privada en la gestión sanitaria y los que han mirador para otro lado en tiempos de bonanza ante el reto de la dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

Hasta hoy, los buenos resultados del sistema sanitario, la opinión favorable de los ciudadanos (en la derecha y en la izquierda), la satisfacción de los lobbys presentes en el sector (farmacéuticos, de tecnologías sanitarias y de la industria sanitaria privada) han mantenido una situación de calma chicha fruto de un equilibrio de fuerzas e intereses económicos, sociales y políticos. Hemos vivido de la inercia, los beneficios excesivos para la industria farmacéutica y una gestión política entre el populismo y los “experimentos” con cava. 

Sin embargo, a lo largo de los años de gestión autonómica y pasividad de la Administración Central en materia sanitaria, se ha ido modificando el Sistema Nacional de Salud en aspectos esenciales que hoy parecen ser las líneas de fuerza de la ofensiva del PP y los mercados en contra del mismo. 

 Las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud han estado en los modelos de repago y privatización indirectos, de una parte, y de otra en una creciente medicalización y medicamentalización de la sanidad. Esta última directamente financiada y dirigida cada vez en mayor grado por las compañías multinacionales de la farmacia y la tecnología, cuyo control férreo impone unos modelos de negocio y trabajo negativos para el sistema. Así cualquier novedad medicamentosa o tecnológica se incorpora, a unos precios elevados, sin más, a las prestaciones públicas, aunque no haya la más mínima evidencia de las ventajas que aporta sobre lo existente, obviamente mucho más barato. 

 Son precisamente estas debilidades las que hoy se utilizan como palanca para demostrar una supuesta inviabilidad del Sistema Nacional de Salud: una deuda farmacéutica a proveedores que, sin ser excesiva, ha sido provocada por los mismos que se han beneficiado del sistema y hoy reclaman su reforma. 

Otras debilidades han sido la ausencia de un verdadero modelo de gestión, la renuncia a la dirección política en materia sanitaria y la inexistencia de proyecto político, todo ello por parte de los sucesivos gobiernos, que se han escudado en que la “sanidad” era una competencia de las Comunidades Autónomas. 

Ahora la fruta parece madura. Ha llegado el momento de pasar factura al Estado del medioestar y en particular a un modelo sanitario apetitoso para los mercados, con la ayuda de un gobierno nacional reducido a un comisariado de los mercados y la Unión Europea 

El PP, bajo la bandera de la igualdad de prestaciones y acceso, entendida esta como uniformidad, cumplirá con el doble objetivo de recortar prestaciones, imponer o coordinar repagos y colaboraciones con el sector privado, debilitará el modelo de gestión autonómica al tiempo que lo responsabilizará de las inequidades e ineficiencia, cuando, en realidad, estas son y siguen siendo sociales unas y condicionadas por los lobbys las otras. 

El PP tiene como principal objetivo romper la universalización, es decir sacar a las clases medias del Sistema Nacional de Salud, en tres frentes: reduciendo salarios de personal y prestaciones considerándolas lujosas y “pecaminosas” a veces para que se compren en el mercado (fertilización, aborto,…), con el objetivo de establecer unas prestaciones básicas y otras de pago. Introduciendo repagos o tasas para favorecer la “competencia” y la “mercantilización” y por tanto el flujo hacia el sector privado de aquellos que sufrirían doble imposición. Caminando todo ello, con desgravaciones fiscales y la generalización de mercados internos para el sector privado, hacia la precariedad y dualización del Sistema Nacional de Salud. 

 Todo ello, con la paradoja de que no sólo no supondrán ahorro alguno sino que aumentará el gasto sanitario como ocurre en los EEUU, que triplica el español. 

 La expulsión de las clases medias es el primer paso para transformar un sistema universal en otro meramente asistencial. 

Por eso, hoy más que ayer, es necesario defender el modelo de Sistema Nacional de Salud público y universal, porque responde a necesidades y derechos ciudadanos a la salud y porque es el más eficiente, reforzando su coordinación, dirección participativa y descentralización frente a la imposición de los lobbys empresariales disfrazados de nostalgia centralizadora y eficiencia privatizadora. Para mañana y pasado mañana se trata de reorientar y reforzar el Sistema Nacional de Salud con la prioridad de los enfermos crónicos, la atención primaria de salud y la salud pública. Pero para todo esto tiene que seguir existiendo el Sistema Nacional de Salud que hoy pone en peligro la tala del Gobierno y los mercados. 

Gaspar Llamazares Trigo es diputado de IU por Asturias.
fuente:RevistaSinPermiso

IU presenta su alternativa a la reforma para que "el trabajo sea un derecho, impedir que se abarate el despido y recuperar la negociación colectiva"

Gaspar Llamazares afirma que la enmienda a la totalidad registrada hoy sitúa la reforma de IU “en las antípodas de la del Gobierno”, ya que busca acabar con una “ley feudal que convierte a los trabajadores en siervos”, con la que el PP ha querido “romper la concertación y los equilibrios que existían en las relaciones entre empresarios y trabajadores”

Izquierda Unida ha registrado hoy en el Congreso la enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, que defenderá a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La alternativa presentada a la reforma de la derecha busca alcanzar que el trabajo vuelva a considerarse “como un derecho y no una mercancía”, así como “impedir que se consolide el abaratamiento del despido impuesto por el PP y recuperar la pérdida de derechos producida, como la negociación colectiva o la posibilidad de concertación de las condiciones laborales entre trabajadores y empresarios”.

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha abordado también esta cuestión en una rueda de prensa ofrecida en la sede de IU-Asturias en Oviedo, el mismo día en que en el Congreso concluía el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Llamazares ha situado la reforma que plantea IU “en las antípodas de la del Gobierno” y ha resumido que su objetivo es “recuperar los equilibrios perdidos” a partir del decreto-ley ya en vigor que ha dado paso al proyecto de ley que ahora se tiene que debatir.

El parlamentario asturiano ha valorado que el texto impuesto por el Ejecutivo de Rajoy significa una “ley feudal que convierte a los trabajadores en siervos”, además de “romper la concertación y los equilibrios que existían en las relaciones entre los empresarios y los trabajadores”.

En su opinión, de permanecer como está el texto de la reforma laboral del PP se consolidaría la degradación del “derecho a trabajar a simple mercancía”, junto a otras consecuencias prácticas como “la caía del consumo, el incremento de la recesión económica y la continuidad en el incremento del desempleo, que conduciría en los próximos meses a una perspectiva de seis millones de parados”.

En la exposición de motivos del texto alternativo registrado se señala claramente que su objetivo es “una impugnación de raíz” de las justificaciones con las que se han abordado hasta ahora las reformas laborales “de manera que sea la flexibilidad pactada y la negociación colectiva el mejor instrumento de ajuste, sin que ello comporte una mayor precarización de las condiciones de trabajo”.

IU busca recuperar “la propia razón de existir del Derecho del Trabajo” y que la regulación de los derechos laborales se ciña a “la función que le encarga el artículo 35 de la Constitución Española, que no es otra que la garantía del derecho al trabajo. Para lo cual es imprescindible que la legislación laboral recupere su función de generar equilibrios en la prestación de trabajo y no la de producir más desequilibrios a los ya existentes en la desigual relación de trabajo”.

Gaspar Llamazares destacó que la enmienda a la totalidad apuesta de forma razonada por “mejorar la calidad de los convenios incluyendo la posibilidad de una flexibilidad pactada en los mismos, por mantener el coste del despido en lugar de abaratarlo y por la eliminación de determinados contratos de formación o en prácticas, que sólo sirven para incrementar la precariedad laboral”.

El desarrollo del Capítulo II del texto, dedicado a las medidas de fomento del empleo, persigue evitar que “la legítima y deseable búsqueda del incentivo a la creación de empleo estable se convierta en medidas que bajo este nombre oculten claros mecanismos de fraude de ley”.

De esta forma, se denuncian los períodos de prueba de un año, “que superan claramente la propia naturaleza y función de la figura jurídica de la prueba”, el encadenamiento de los contratos temporales o las desigualdades en las condiciones de trabajo en función del tamaño de las empresas “en unos términos que perfectamente pudieran calificarse de discriminatorios y ser tachados de inconstitucionales”.

Las enmiendas a la totalidad de la reforma laboral serán debatidas en el Pleno del Congreso el próximo jueves día 12 de abril, a partir de cuya votación se abrirá la fase de Ponencia y Comisión.

fuente:IzquierdaUnida

Gaspar Llamazares: No acato, ni respeto un escándalo supremo

El linchamiento o juicio inquisitorial a Garzón resume, como pocos, nuestros males nacionales, en este caso, las aberraciones del poder que se convierten en afrentas a la ética civil y la justicia.

La condena anunciada del Tribunal Supremo al juez Garzón pone en evidencia la politización corporativa del poder judicial

El primero de ellos es la soberbia y prepotencia clasista de los que se consideran todavía hoy vencedores de la guerra civil y luego también de la interpretación de la transición. Los que no están dispuestos a que nadie cuestione, revise o interprete el pasado: ni de la impunidad, ni de las leyes, como ha hecho con el caso de las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón. A él se le podía permitir sacar a la luz los trapos sucios de las “dictaduras bananeras”, pero ni hablar de sacar los colores a la Metrópoli del Imperio ¡Aquí somos más serios, aquí la impunidad del franquismo no se toca!

Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado

La utilización burda de la Ley de Amnistía como ley de punto final y el menosprecio de derecho internacional en materia de Derechos Humanos reanuda la apropiación de la Constitución por los sectores que más la combatieron.

El segundo es un mal, tan viejo como el mundo, la codicia, que extiende un manto de silencio sobre la ominosa corrupción que durante décadas y, con pasividades y complicidades de muchos, se ha enseñoreado de nuestro sistema económico y social (especulación urbanística y financiera) y de nuestra clase política, contaminando “a todas” las Instituciones del Estado. La codicia de los plutócratas del Estado. Los _Gürtel, Palma Arena_ y demás resumen la corrupción ramplona y una exhibición hortera por parte de empresarios, políticos y demás corte de los milagros.

Por ello, la defensa sin matices del derecho de defensa, interpretada como inmunidad de los despachos de abogados, deja inermes a los jueces en su lucha contra el delito de guante blanco.

El tercero de los males es muy nuestro, tan nuestro como la envidia. Envidia del éxito del juez Garzón que se puede permitir organizar cursos en el centro del imperio. Envidia de su valentía y de su trabajo, mientras otros dormitan a la sombra de los viejos muros de la Audiencia. Envidia de su soltura para mantener la profesionalidad y opinar políticamente. Envidia de su compromiso con las causas justas. Envidia de su imán mediático, de sus contactos internacionales, incluso de sus errores, de todo.

Pero envidia también transformada en rencor corporativo e institucional. Se trata también de un juicio que simboliza el conflicto entre las Instituciones del Estado. Un juicio al papel político y mediático en la lucha antiterrorista, a la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad, y luego en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Un rencor supremo, una ira sorda. Por eso no es casual que todo empiece por las escuchas. Un debate jurídico transformado en un juicio por prevaricación. Una patología suprema.

Una factura también al papel de Garzón en la lucha antiterrorista, por parte de los mismos que le jalearon antes, y que no perdonan ahora su papel comprometido ante la opinión pública en el intento fallido de proceso de paz. Había que abortarlo y con la ayuda de los bárbaros de ETA se abortó, y ahora se trata de eliminar a todos sus actores “simbólicamente”.

¡Qué mejor forma de meterle mano ante la opinión pública que un juicio a sus supuestas extralimitaciones en materia de garantías! ¡Qué mejor forma de linchar a Garzón que cuestionando su compromiso con los derechos humanos! Una jugada maestra.

Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional!

Y una estrategia también suprema donde se coordinan los tiempos, los temas y los actores. Todo ello encaminado a una crónica de una condena anunciada. La condena del juez Garzón, es la condena una vez más, de las víctimas de los juicios franquistas a la luz de las leyes de la transición, utilizadas como ley del silencio.

La condena también de la persecución penal internacional y del papel de la Audiencia Nacional en materia de derechos humanos. La condena del éxito de un juez mediático y polémico para que todo vuelva a la normalidad de los grises muros como diría García Lorca.

Pero también una factura atrasada de la política que no perdona. De la derecha y una llamada izquierda que comparten las razones y los pecados de la soberbia y la codicia. De una parte también de la izquierda que no olvida las viejas afrentas, ni las nuevas ambiciones.

En el fondo también la vieja aspiración a constituir al Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en una suerte de tercera Cámara que vigile y castigue los excesos de la política: el _Estatut_ de Catalunya o el proceso de paz.

Una politización judicial que ha crecido al calor de la judicialización de la política, que junta extraños compañeros en el Consejo General del Poder Judicial y que desde ahí se extiende como una mancha de aceite. Despolitizando la justicia mediante el corporativismo conservador. Desjudicializando la justicia, degradando y privatizando el servicio público. Despolitizando la política al servicio de los mercados.

Todo junto se explica, pero todos juntos, estos juicios en cadena como bombas de racimo son una infamia. Nunca un tribunal tan alto pudo volar más bajo. Un esperpento, tan nuestro. ¡Una vergüenza nacional! ¡Un escándalo internacional!

Las injusticias que se comenten con la cobertura del derecho no deben ser ni respetadas, ni acatadas, precisamente en aras de la justicia. Como en el caso Dreyfus la justicia española, situada entre la verdad y el prestigio corporativo, ha preferido lo último, quedándose sin verdad y sin prestigio.

Es necesario que junto al legítimo derecho que asiste al juez Garzón para recurrir a todas las instancias se produzca un amplio movimiento en pro de la democratización profunda del poder judicial, así como del desarrollo social de la justicia como servicio público, a partir de la demanda de verdad y justicia para las víctimas del franquismo.

Porque el futuro está en la memoria ofendida de nuestros abuelos y el sentido de sus luchas, tanto como en la rebeldía de nuestros hijos.

fuente:ElPais.com

Llamazares pide la dimisión de Fernández Ordóñez

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso ha exigido este miércoles al gobernador del Banco de España que dimita por haber permitido que las cajas de ahorro "quebradas", que han tenido que ser rescatadas por el Estado, hayan incurrido en la "malversación de fondos públicos" para que se "forrasen" sus directivos.

"Debería dimitir por vergüenza torera", ha sentenciado Gaspar Llamazares respecto a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha denunciado que los "miles de millones" que se han dedicado al saneamiento del sector financiero, en lugar de servir para que fluya el crédito a la economía real, se han utilizado para "recuperar y forrar a los directivos de las cajas de ahorro fracasadas".

Y todo esto, según el diputado de Izquierda Unida, se ha producido "con el beneplácito del gobernador del Banco de España y da impresión de que también con el del Gobierno". Desde su punto de vista, la reestructuración del sector bancario ha supuesto un "fracaso palmario" sin "ningún tipo de paliativos" del que deben derivarse "responsabilidades".

Por eso, Llamazares se ha dirigido al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para pedirle que la Fiscalía Anticorrupción investigue los "emolumentos escandalosos" que se han autoadjudicado los exdirectivos de algunas entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.

"Se ha producido una malversación de los fondos públicos destinados al saneamiento de las cajas para el enriquecimiento de unos pocos", ha resumido Llamazares, incidiendo en que se deben asumir "responsabilidades políticas y penales" por ello.

fuente:NuevaTribuna

Llamazares dice que Rubalcaba ha planteado "una moción de censura a Zapatero" por incumplir el programa de izquierdas

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera que el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado con su discurso "una moción de censura a Zapatero" por incumplir el programa de izquierdas.

Llamazares afirma en su cuenta de Twitter que en 24 horas Rubalcaba ha pasado "de la política de mercado del Gobierno" a una moción de censura al presidente del Gobierno por "incumplimiento" de su programa político de izquierda.

En su opinión, Rubalcaba "se disfraza de izquierda" mientras sus compañeros "gobiernan con políticas de banquero". "La política se devalúa cuando se convierte en carnaval", subraya.

El portavoz de IU considera que el todavía vicepresidente primero del Gobierno "promete lo contrario de lo que hace" y recuerda que este año votó no al modelo electoral alemán propuesto por su formación y al impuesto de patrimonio y bancos.

"Me ha ofendido el compromiso de Rubalcaba de abrir debate sobre el modelo electoral alemán, cuando acaban de rechazarlo con PP", indica Llamazares, que se pregunta si será "otra pinza".

También recuerda que Rubalcaba rechazó la tasa Tobin, incumplió los compromisos de educación de 0 a 3 años, congeló las pensiones, y recortó el salario de sanitarios y educadores.

Para Llamazares, "hoy Rubalcaba se emancipa de su gobierno como candidato", de la misma forma que "antes Zapatero se emancipó del PSOE como comisario de los mercados".

Por último, indica que "mientras Rubalcaba se desmarca del gobierno y su política de mercado, Rajoy el renovador reclama elecciones y se unce a la herencia de Aznar".

fuente:NuevaTribuna

Gaspar Llamazares: “La patronal no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal”

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso ha vinculado hoy la ruptura de la negociación para la reforma de los convenios colectivos por parte de la patronal con el “golpe antidemocrático de mercado”, del que ha advertido que avanza “de manera inexorable” en nuestro país y amenaza con “hacer saltar por los aires” la concertación social.

En rueda de prensa en el Congreso, el parlamentario de IU ha responsabilizado de la ruptura a las “posiciones y la argumentación inaceptables de la patronal CEOE. Parece que no tienen suficiente con la falta de democracia interna de las empresas”. En esta línea, expresó su rotundo rechazo a las propuestas de los empresarios en materia de flexibilidad y ultraactividad de los convenios, descuelgue y actualización de salarios, porque supondrían “un desastre para las relaciones laborales. Vuelven a echar la crisis sobre los que no la han provocado, los trabajadores”.

Llamazares valora que la patronal busca un “retroceso a la sociedad medieval” porque “no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas sino que quiere llevarlas a la época feudal, donde el patrono es el señor feudal y los trabajadores, sus siervos”.

“Pero da la impresión –afirmó- de que ahora incluso pretenden ir más allá, puesto que si en el feudalismo los siervos no tenían ningún derecho, pero sí la protección de su señor, la CEOE busca ahora que los trabajadores no tengan ningún derecho y ninguna protección”.

Gaspar Llamazares explicó de cara al futuro que tras haber influido en la política económica del Ejecutivo “imponiéndole la agenda económica”, los mercados buscan influir también en el diálogo social “para que se recorten aún más los derechos de los trabajadores”.

fuente:IzquierdaUnida
Viñeta: Forges

Gaspar Llamazares saca adelante por unanimidad la proposición de ley para universalizar la sanidad tras años de retraso del Gobierno

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la Ley de Universalización de la Sanidad registrada y defendida por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. De esta forma se pone en marcha una iniciativa parlamentaria que permanecía paralizada ante los reiterados incumplimientos del Gobierno, que llevaba cerca de tres años anunciando que mandaría a la Cámara Baja un proyecto de ley sobre este mismo asunto sin que los sucesivos titulares del Ministerio de Sanidad la concretaran.

Llamazares, durante su intervención, explicó que esta medida afectará a más de 200.000 personas de nacionalidad española y de residencia en territorio nacional que ahora no pueden tener acceso a la Sanidad Pública. La iniciativa conlleva la modificación de la Ley General de Sanidad –coincidiendo con su 25 aniversario-, para que en su futura redacción reconozca “la universalización de la atención sanitaria a toda la población”.

Tanto el diputado de IU como el resto de portavoces parlamentarios, salvo la del Grupo Socialista, criticaron el hecho de que el Ministerio de Sanidad haya retrasado sin explicación alguna avanzar en esta materia durante la presente legislatura.

Llamazares llamó especialmente la atención durante su intervención sobre la “extendida idea” de que el Sistema Nacional de Salud “es universal y que cubre a toda la población española, cuando esto es sólo una verdad a medias”.

Recordó a las más de 200.000 personas que no tienen derecho a cobertura sanitaria u otro seguro público. Según los estudios oficiales ya elaborados sobre esta materia, la medida puede tener un coste cercano a los 150 millones de euros. “Por todo ello –dijo Llamazares-, es necesario, y no se debiera demorar por más tiempo, proclamar el derecho a la cobertura sanitaria pública como toda la población por igual, con igual título, e igual contenido en todo el territorio”.

Pese al deseo de IU de que se cumpla con que el derecho a la Sanidad Pública sea universal, esta formación no quiere que nadie trate de aprovecharse ni sacar ventaja de esta propuesta. Por ello, en el texto de la proposición de ley cuya tramitación se abre paso ahora introduce la especificación de que mientras no se produzca su integración en la Seguridad Social, no será gratuita la asistencia sanitaria pública para quienes hayan optado por sistemas mutuales alternativos que cubran esta asistencia, ni para quienes, estando incluidos en alguna mutualidad, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.

El texto propone también que las normas de utilización de los servicios sanitarios sean iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos, además de que se mantenga un estudio permanente del coste anual que para el Sistema Nacional de Salud tienen distintos servicios especiales o se vigile si se están produciendo situaciones de doble cobertura de la asistencia sanitaria.

fuente:IzquierdaUnida

“Vergüenza sin paliativos” eliminar la prestación de los 426 euros a los parados

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha calificado de “vergüenza sin paliativos” que el Gobierno decidiera eliminar la prestación de 426 euros para los parados que han agotado todas sus prestaciones y pretenda cambiarla a partir de febrero por 350 euros mensuales para asistir a cursos de formación.

Llamazares recordó que la prestación de 426 euros se debió a una iniciativa parlamentaria que IU-ICV sacó adelante el año pasado y que luego se consiguió prolongar por otros seis meses. Valoró que lo que debe hacer el Ejecutivo socialista si tiene una mínima sensibilidad con los desempleados es “cumplir con lo acordado con la izquierda parlamentaria y mantener los 426 euros, una cantidad ya lo suficientemente baja como para andarse con ‘rebajas’, aunque sea el tiempo de ellas, que a los mercados que tanto le preocupan a Rodríguez Zapatero les va a provocar la risa”....seguir leyendo....

fuente: NuevaTribuna

Llamazares recuerda que Aznar y González, ‘fichados’ por Endesa y Gas Natural,

“tuvieron mucho que ver en las oscuras privatizaciones de empresas públicas”

El portavoz parlamentario de IU tacha estas contrataciones de “éticamente reprobables” y valora que “se ficha a estos políticos por su nombre y sus agendas, y parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos trataos de favor para el futuro”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha recordado hoy que los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, ‘fichados’ por las grandes compañías energéticas Endesa y Gas Natural Fenosa como asesor externo y como consejero, respectivamente, “tuvieron desde sus importantes cargos públicos mucho que ver en el rosario de privatizaciones que enajenaron el patrimonio público, a veces en condiciones muy oscuras. Tras ese pasado, su incursión ahora en el sector privado energético la considero éticamente reprobable”.

Llamazares consideró que estas grandes compañías “fichan a estos políticos por su nombre y por sus agendas de contactos, se supone que bien surtidas, y parece bastante claro que se busca tener acceso a la posibilidad de supuestos tratos de favor para el futuro”.

El dirigente de IU insistió en que, pese a no tener ninguna duda de la “legalidad técnica” de los ‘fichajes’ de Aznar y González “otra cosa es dónde queda su ética política y, lo que es más importante, el flaco favor que hacen a la imagen de la política en España, ya bastante deteriorada por las actuaciones de algunos y la falta de respuesta que se dan desde sus partidos”.

Gaspar Llamazares recordó que Izquierda Unida siempre ha defendido legislar el tiempo y el grado de las incompatibilidades de los responsables políticos en activo y ya retirados, “pero ahora parece que habrá que pensar qué pasa singularmente en el caso de los ex presidentes del Gobierno”.

Para Llamazares, “la responsabilidad social corporativa de esas empresas brilla también por su ausencia y queda bastante tocada. Aprovechar la situación para rodearse de ex políticos o políticos que tuvieron responsabilidades muy importantes no creo que sea el mejor ejemplo para nuestra economía, ni a nivel nacional ni internacional”.

En su opinión, “la próxima vez que se propongan grandes subidas de la luz o del gas, como ha pasado hace unos días, que nada tienen que ver con lo que ocurre en nuestro entorno más cercano y que hace meses parecían descartadas, habrá que pensar un poco de nuevo en todo esto de los fichajes y las contrataciones, y la utilidad desde muchos ámbitos que pueden tener para los empresarios que las deciden”.

fuente: Izquierdaunida

Llamazares tacha la reforma de las cajas de ahorro que plantea el Gobierno como “el mayor escándalo en materia económica de los últimos años”

El portavoz parlamentario de IU reclama a Rodríguez Zapatero que “no engañe a los ciudadanos y no dé el cambiazo”, después de dedicar “dinero público a financiar beneficios privados”.

(Madrid, 9 de julio 2010).- El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó hoy la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) aprobada hoy por el Consejo de Ministros y la tachó como el “escándalo más importante en materia económica de los últimos años”. En su opinión, supone un “ejercicio antidemocrático” que beneficia ante todo a los “especuladores privados” al suponer la “privatización práctica” de estas instituciones y acabar con su fin “social y redistributivo”.

Llamazares advirtió en rueda de prensa en el Congreso que gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) gracias al “regalo” del Gobierno.

Reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero que “no engañe a los ciudadanos y no dé el cambiazo”, después de que su Ejecutivo haya “dedicado dinero público a financiar beneficios privados”.

El dirigente de IU denunció que Rodríguez Zapatero ha actuado “al dictado oscuro del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España para volar el último baluarte de la economía mixta y social” que recoge la Constitución con esta privatización de hecho, todo ello avalado por los “presidentes eventuales” de algunas de las cajas.

Gaspar Llamazares indicó que el Ejecutivo ha actuado “de forma antidemocrática” ya que ha elaborado su reforma sin contar ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, utilizando “el deterioro de lo público para profundizar en la privatización de cajas de ahorro”.

En este sentido, auguró que la reforma aprobada hoy por decreto ley puede tener el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos, que podrían llegar incluso a los tribunales, “a no ser –dijo irónico- que lo impida algún partido (el PP) que se considera representante de las comunidades”.

Consideró “inaceptable y escandaloso” que las cajas de ahorros, importantes para la economía de las últimas décadas y que hasta ahora no sólo pertenecen a sus impositores sino también a entidades como municipios y comunidades autónomas hayan sido “cambiadas en su naturaleza” por una decisión impuesta.

Llamazares avanzó que el Gobierno tiene previsto que el decreto ley se vote el próximo 21 de julio, un día después de votarse las propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación, el techo de gasto y las enmiendas de totalidad a la reforma laboral, algo que puede convertir los plenos en un “pandemónium” de votaciones cruzadas.

fuente : Llamazares

El gobernador del Banco de España reconoce ahora a IU que complementa su sueldo de 165.026 euros al año con al menos 30.000 euros más en dietas

La respuesta a una solicitud de informes y documentación realizada por Gaspar Llamazares a finales de mayo señala que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras la reducción de su sueldo por las últimas medidas de ajuste, gana anualmente cerca de 2,5 veces el salario del presidente del Gobierno.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha trasladado al Congreso por primera vez de forma oficial datos relativos a sus ingresos anuales. Esto se produce después de que el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, registrara el pasado 25 de mayo en la Cámara Baja una Solicitud de Datos, Informes y Documentación a raíz de la polémica motivada por la histórica opacidad pública del sueldo del gobernador de la entidad monetaria española.

La respuesta recibida por Llamazares –enviada al Congreso con la firma del propio gobernador- aporta novedades y subsana algún ‘olvido’ sobre la rápida filtración de sus emolumentos realizada a la Prensa por esta institución el 26 de mayo, al día siguiente de tener conocimiento de la iniciativa parlamentaria registrada por IU. Así, Fernández Ordóñez indica que, además de su sueldo anual de 165.026 euros, percibe dos tipos de dietas por asistencia: 1.026 euros cada vez que se reúne el Consejo de Gobierno y otros 492 euros cuando la reunión es de la Comisión Ejecutiva del mismo Banco de España.

Dado que en la información remitida no se comunica el montante total que pueden suponer estas dietas desveladas, fuentes próximas al Banco de España consultadas por Izquierda Unida señalan que ambos complementos pueden suponer cerca de 30.000 euros brutos anuales más que sumar a los 165.026 euros de salario de los que se había informado hasta el momento.

En la documentación remitida al Congreso, Fernández Ordóñez sí que no olvida detallar explícitamente que “dichos importes incluyen la reducción establecida por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”.

Gaspar Llamazares señala que “una vez conocidos todos estos nuevos datos, se da la circunstancia de que el señor Fernández Ordóñez, que ayer mismo rechazó la creación de un impuesto a la Banca para ayudar a reducir el déficit público, que ataca la mayor contribución fiscal de los que más ganan, que apoya el endurecimiento de la reforma laboral para quitar aún más derechos a los trabajadores y al que se conocen declaraciones como que ‘la actual crisis exige poner en marcha mecanismos que permitan limitar el aumento de los costes laborales’ gana anualmente casi 2,5 veces lo que el presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero percibe 78.185 euros brutos anuales)”.

“Viendo situaciones reales como ésta parece que el gobernador tiene una grave carencia de autoridad en algunas cuestiones y le sobran autoatribuciones para meterse a diario en temas que son ajenos a las competencias de un cargo para el que le propuso el propio Rodríguez Zapatero, competencias éstas que parece tener un poco desatendidas dada su insistente preocupación por otros temas”, valora Llamazares.

fuente: izquierda unida