Carmona: El Partido Popular vacía las cuentas bancarias para vivienda

Según un informe de la Tesorería Municipal, el PP ha vaciado las cuentas bancarias del Patrimonio Municipal del Suelo, destinado principalmente a la construcción de viviendas de protección oficial, sin hacer una sola. 

El Patrimonio Municipal del Suelo es un conjunto de bienes inmuebles y cuentas bancarias que los ayuntamientos tienen para destinarlos a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social. Pues bien, con Juan Ávila no solo no se ha hecho ninguna vivienda de carácter protegido, sino que además, ha vaciado las cuentas bancarias destinadas a ese fin y las ha eliminado poniendo en peligro la construcción de futuras viviendas.

 En su momento IU dejó 6 millones de euros de este patrimonio entre cuentas bancarias, unos tres millones, y el resto en inmuebles de distinta naturaleza, entre los que se encontraban el Palacio de los Briones, Casa-palacio Marqués de las Torres o la Casa Mudéjar, cuya restauración ha concluido recientemente. 

Para IU Juan Ávila cometió una gran irresponsabilidad al perder los cuatro millones de euros de los fondos europeos destinado a la construcción de los aparcamientos del Albollón. A esto hay que añadir que, según este informe de Tesorería, el Ministerio no ha aceptado pagar el porcentaje que le correspondía en la obra que finalmente se realizó en el Albollón. Por esta razón, el Ayuntamiento ha gastado casi 900.000 euros en esta obra, más del doble de lo acordado inicialmente. 

“Nadie ha perdido tantos fondos públicos en el Ayuntamiento de Carmona como Juan Ávila, algo que consideramos muy grave”, afirman desde IU y creen que el Alcalde debe dar una explicación a la ciudadanía por esta nueva pérdida. “La falta de información sobre la realidad económica de nuestro ayuntamiento hace necesaria cada vez más una auditorí.

Fuente:Izquierda Unida

Honorabilidad bancaria y bipartidismo

Cuando un Gobierno actúa al servicio de un banco o un banquero, el estado de derecho se debilita. Cuando la historia se repite con otro Gobierno de distinto partido, pero con el mismo banquero y dos años después, se hace difícil hablar de estado de derecho.

 Honorabilidad bancaria y bipartidismo

Joan Coscubiela

Eso es lo que ha pasado en España con Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco de Santander, condenado por el Tribunal Supremo en febrero de 2011 por un delito de denuncia falsa contra un cliente, cuando estaba al frente de Banesto. No está de más recordar que se trata de una condena por una acusación falsa que llevó a la cárcel a tres personas inocentes. Encarcelación acordada por el juez Estivill que, durante años, fue miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta de CIU, y que terminó él mismo condenado y en la cárcel por prevaricación.

Después de esta condena, la normativa bancaria vigente impedía a Sáenz continuar como vicepresidente del Santander. A pesar de ello, el Banco de España dirigido por Fernández Ordóñez nunca le aplicó la normativa y le permitió continuar ejerciendo como banquero.

Para dar respaldo a esta irregularidad, el Gobierno Zapatero, después de perder las elecciones y mientras estaba en funciones, le concedió el indulto a Sáenz. Más allá de la valoración política de esta decisión del Gobierno del PSOE, que explica su sometimiento a la gran banca y muchas otras cosas más, el indulto concedido por Zapatero se extralimitó en su contenido.

El Gobierno del PSOE era consciente que el indulto solo cancela las consecuencias penales de la condena, pero no cancela los antecedentes penales. Y sabedor el Gobierno que, con antecedentes penales vigentes por delito doloso Sáenz no podía continuar como vicepresidente del Santander, incluyó una cláusula ilegal en el Decreto de indulto que permitía la continuidad del banquero.

En ese momento Zapatero no solo usó la discrecionalidad que le otorga la ley para conceder indultos, que es una herencia de las prerrogativas del monarca absoluto, sino que de manera arbitraria se extralimitó en sus funciones. Y lo hizo mientras estaba a punto de dejar el Gobierno y dirigirse al Consejo de Estado como miembro nato.

Durante todo el año 2012, la diputada Laia Ortiz y yo mismo, con el asesoramiento del letrado Rafael Mendoza y actuando en nombre de ICV, hemos ejercido todo tipo de acciones legales. Requerimos al Banco de España para que aplicara la ley y exigiera el cese de Sáenz, con respuesta negativa por parte de su gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Impugnamos el indulto ante el Tribunal Supremo, al igual que lo hicieron otros particulares. Y por último, hemos presentado querella contra el gobernador del Banco de España. Además de requerir al nuevo gobernador, el señor Linde, que cumpliera la ley y exigiera al Santander el cese de Sáenz.

El resultado de momento es que el Tribunal Supremo nos da la razón y dicta sentencia que declara que el indulto otorgado por Zapatero se extralimitó y nunca podía cancelar los antecedentes penales. También se ha admitido a trámite nuestra querella contra MAFO que ha alegado en su descargo que su decisión de salvar a Sáenz la adoptó con el acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva del Banco de España.

Y en esas estábamos, cuando el Gobierno Rajoy, conocedor que el cerco sobre Sáenz se iba estrechando, decide a propuesta de su Ministro de Economía, el banquero Luis de Guindos, modificar la normativa bancaria y especialmente el artículo que impedía a Sáenz continuar como banquero. Este perverso itinerario lo puede cerrar el Banco de España que ahora con una nueva normativa hecha a la medida del banquero, podría rechazar la petición de cese de Sáenz. Aunque puedo asegurar que en ICV haremos todo lo posible para que no triunfe tremenda impunidad.

Llegados a este punto, creo que es legítimo que la ciudadanía se formule algunas preguntas:

¿Puede considerarse honorable para dirigir un Banco, un banquero con antecedentes penales vigentes por haber presentado una denuncia falsa contra un cliente y haber provocado con ello la entrada en la cárcel de tres personas inocentes?

¿Tiene legitimidad el Banco de Santander para despedir o sancionar trabajadores por faltas laborales de mucha menos entidad que la del señor Sáenz?

¿Qué razones han tenido Zapatero y Rajoy, el PSOE y el PP, para ponerse al servicio del Banco de Santander?

¿Puede una sociedad soportar que los dos grandes partidos que han protagonizado una alternancia bipartidista en el Gobierno durante cuatro décadas, gobiernen al servicio de un banquero y su banco?

¿Que garantías tenemos que Zapatero en el Consejo de Estado no continúe comportándose de la misma manera?

¿Y Rajoy cuando llegue, después de dejar de ser Presidente del Gobierno?

¿Existe el Estado de Derecho, cuando se hacen normas pro singulis, es decir al servicio de una persona? ¿Puede un Estado tener legitimidad cuando actúa al servicio de un grupo financiero?

¿Tienen credibilidad algunos políticos cuando se quejan de las movilizaciones sociales, hechas a la luz del día frente a ellos y toleran y se someten a las presiones clandestinas de lobbies y grupos de poder?

¿Hay alguna explicación del comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación, silenciando durante dos años este asunto? ¿Se puede hablar de democracia, cuando aparecen cada vez más indicios que entre poder financiero, poder mediático y poder político no existe distinción alguna?

¿Entienden porque algunos estamos hablando de régimen acabado y democracia bloqueada y exigimos un proceso constituyente, que comience por ser "destituyente" de este statuo quo antidemocrático?

fuente:NuevaTribuna.es

Trabaja Por España. Asi se sigue el mandato de la Razón en Unicaja el 29M

Trabajar por España, estando de baja medica no es legal, pero este trabajador no debe saberlo, y a pesar de utilizar las muletas, ahí lo tenemos Trabajando por España y por UNICAJA.

Apostar contra España

El expresidente José María Aznar es responsable de una campaña de "sospechas, insidias y mala intención" que perjudica a la economía española; y el actual líder del PP, Mariano Rajoy, "no le corrige seguramente porque le debe su puesto". Lo dijo ayer la dirigente socialista Elena Valenciano antes de reclamar a uno y otro que no socaven la confianza internacional en España.

"Cuando la deuda nacional se encuentra en dificultades en los mercados esperaríamos del PP justamente lo contrario de lo que hace", dijo Valenciano. En su opinión, el principal partido de la oposición "prefiere apostar contra España" con fines electorales, al tiempo que mantiene un "programa oculto" que pasará por el deterioro de servicios públicos como la sanidad y la educación.

Las críticas de Valenciano también iban dirigidas al responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, que poco antes había abundado en las tesis de Aznar sobre las dificultades que podría tener España para pagar su deuda. Según Montoro, el PP "nunca ha puesto en duda" a España. "Pero sí la calidad de una política económica que ha colocado al país al borde del precipicio" financiero. El popular tachó, además, de "disparate" la política del Gobierno sobre los ERE y exigió la comparecencia del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para discutir cómo regular las prejubilaciones.


fuente: ElPais

España República de Trabajadores

Antonio Baylos

La celebración del 80 aniversario de la II República es una buena ocasión para poner de relieve la tensión que existe en el proyecto constituyente entre una noción clásica de ciudadanía de base liberal-democrática, donde el laicisimo, la educación y la cultura y la ampliación de la participación política fueron los elementos más destacados, y la nueva reformulación de la relación política con el trabajo como eje central no sólo de la economía, sino como objeto de la tutela y promoción por parte del Estado.

“España es una república democrática de trabajadores de todas clases, que se organiza en régimen de libertad y de Justicia”, y esa vertebración de la democracia a partir de la condición de trabajador, se reitera en el art. 46 de la constitución republicana para el que “el trabajo, en todas sus formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes”.

A partir de aquí, la II República, en tan sólo dos años, construyó todo el andamiaje de un derecho del trabajo moderno, en donde la componente público-estatal se enlazaba con la privado-colectiva, con la regulación de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La fuerza del Estado Social republicano acrecentaba la presencia de la norma de origen público en la regulación de las relaciones laborales, no sólo de origen parlamentario o gubernamental, sino fundamentalmente a través de los Jurados Mixtos y las Bases de trabajo que se aplicaban como una norma estatal con preferencia a la eficacia contractual de los pactos colectivos regulados en la Ley de Contrato de Trabajo. El reflejo sindical de esta confrontación entre formas de producir las reglas que disciplinaban las condiciones de trabajo y de empleo – las bases de trabajo o los pactos colectivos – anticipaba visiones contrapuestas de la construcción social del trabajo productivo, integradas en la función activa y conformadora del Estado o situadas en un espacio de autonomía colectiva pura marcada por la acción directa, y ambas a su vez en un horizonte de conflictividad social y de reforma permanente.

La reivindicación del derecho del trabajo republicano suele estar ausente de las efemérides del aniversario, que prefieren resaltar el tema de las reformas sociales, la construcción de elementos importantes de un sistema de seguros obligatorios, la reforma agraria o la influencia de la crisis económica de 1929 en las medidas de empleo, desempleo y colocación. Sin embargo es uno de los activos de mayor trascendencia histórica de la II República. El programa de acción legislativa del art. 46 de la constitución sigue suministrando aún hoy los elementos esenciales del esquema de regulación del trabajo, porque reconocía coherentemente la obligación de la república de “asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna”.

Desde estas coordenadas, el derecho del trabajo lo que persigue es la tutela del trabajo, considerado el centro de la sociedad y base de la dignidad de las personas. La dimensión colectiva del trabajo, la estructuración de los trabajadores en sindicatos de clase, y la proyección de sus acciones hacia la extensión de la democracia mediante la ampliación de los derechos de los trabajadores y la mejora de su condición social y cultural, es una seña de identidad republicana. Por eso mismo es silenciada.

Y, no menos importante, también en este dominio, la consideración del trabajo como base de la sociedad y del desarrollo de la democracia aparece como una respuesta a la crisis económica. La respuesta a la crisis mundial del 29 en la República española es la de fortalecer la democracia y potenciar las reformas sociales y la regulación de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. En terminología actual se diría que vigorizar el estado democrático y el estado social fue la respuesta a la erosión de la economía nacional, la forma de dar salida a la crisis. Otra importante lección de aquella experiencia.

Naturalmente que la historia de la república de trabajadores es también la de los obstáculos a su realización. La involución durante el bienio negro y la amnistía laboral – no sólo política – de febrero de 1936 frente a los despidos de 1933-35, la estructuración del fascismo español como brazo de hierro anti-obrero, y la segregación de una hostilidad hacia los sindicatos de clase y la huelga como arma de tutela colectiva que habría de permear como ideología y política de régimen todo el período histórico del Estado Nacional impuesto tras la sublevación militar, son rasgos característicos también de ese período. Pero su concepción central, su mejor legado, la centralidad del trabajo en la sociedad y en el proyecto colectivo de un pueblo, sigue vigente cada vez mas en nuestros días.

fuente: ABaylos
Imagén:MemoriaSevilla

Cajas de ahorros: instrumentalización y desamoritización

El Banco de España y el Ministerio de Economía han permanecido impasibles cuando Gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid han protagonizado ofensivas para obtener el control absoluto de Cajamadrid, aún a costa de producir una crisis sin precedentes que paralizó la entidad financiera durante más de un año, ya en plena crisis económica. La trasposición de la última reforma de la Ley de Cajas a las Comunidades Autónomas tampoco se ha realizado tomando en cuenta la corrección de estas perniciosas actitudes.

La Ley ha sido retorcida de tal manera por el Gobierno Regional madrileño,que los representantes designados por la política en Cajamadrid superan todos los límites legales y razonables, controlando la elección de los miembros de los órganos de dirección y controlando el gobierno de Cajamadrid, para alejarlo de la profesionalidad y la autonomía necesarias.

El Decreto para el Reforzamiento del Sistema Financiero, apuesta de forma definitiva por la entrega de las Cajas de Ahorros a los intereses privados. Una enorme desamortización sustentada y justificada en unas exigencias legales de capitalización de las Cajas, difícilmente alcanzables por el sector.

Un Decreto que endurece los requisitos contables para el sistema financiero español con respecto al europeo y especialmente golpea con dureza a las Cajas de Ahorros. Estas medidas tendrán como consecuencia un endurecimiento de las condiciones del crédito, impidiendo a las Cajas españolas competir en servicios financieros con la banca europea y los bancos españoles, sometidos a menores restricciones.

La búsqueda de inversores privados en las Cajas, sometida a la presión de los mercados y del propio Banco de España, amenaza los planes de reestructuración de las mismas y se realizará en unas condiciones de desconfianza e incertidumbre que el propio gobierno alimenta y que se viene a sumar a las manipulaciones externas de las agencias de calificación, especuladores internacionales y los propios reguladores del sistema.

El resultado final, si nadie lo evita, será la venta de las cajas a los bancos a precio de saldo. El bocado más apetecible es Cajamadrid. Primero sanear con dinero público a las Cajas. Para luego entregarlas al sector privado.

Francisco Javier López Martín
fuente:ElblogJavierLopez

El capital financiero y su supervisor (el Banco de España) son responsables del elevado desempleo

Vicenç Navarro

El Gobernador del Banco de España, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, y otras voces próximas a la Banca, así como economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), financiada por los mayores bancos de España, son los mayores promotores de la tesis de que la mayor causa del elevado desempleo que existe en España son las rigideces de nuestro mercado laboral, que no permiten a la economía española adaptarse a la nueva situación creada por la Gran Recesión. Esta supuesta rigidez del mercado laboral, así como la falta de disciplina fiscal del estado español, que ha determinado un elevado déficit público, son –según la Banca- las mayores causas de que España no se esté recuperando de la recesión.

Un análisis objetivo de las causas de las crisis, incluido su elevado desempleo, y de la lentitud de la recuperación económica muestra, sin embargo, que la mayor causa de la crisis financiera y económica se debe precisamente al comportamiento especulativo de la banca, pobremente supervisada por el Banco de España. Es más, tal análisis objetivo permite también concluir que la escasa recuperación de la economía española se debe precisamente al mismo comportamiento especulativo de la banca, que continúa ocurriendo con la complicidad del Banco de España, al cual debieran exigírsele responsabilidades por su desidia en su función de salvaguardar los intereses de la ciudadanía y del estado democrático.

Veamos los datos. Una característica del supuesto “milagro de crecimiento económico y creación de empleo” español fue la enorme inversión bancaria en el sector inmobiliario, creándose el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción, que fue el motor de tal supuesto milagro. Como consecuencia de ello, el sector construcción llegó a representar el 12% del PIB, más del doble de lo que tal sector representaba en Gran Bretaña o Francia. El milagro se basó en mano de obra –la mayoría inmigrante- de escasa cualificación y bajos salarios. Los precios de la vivienda, sin embargo, alcanzaron niveles exuberantes, que no guardaban ninguna relación ni con los costes reales de producción ni con la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población. El ratio precio de la vivienda sobre el salario medio de España era casi el triple del promedio existente en la UE-15. De ahí el enorme endeudamiento de la población, causa de la gran expansión de los negocios bancario-inmobiliarios, centro de la locomotora expansiva de la economía española. Este desfase entre el precio real de la vivienda (coste de producción más beneficios razonables) y el precio actual (que dio pie a unos exuberantes beneficios bancarios sin precedentes), era resultado de una especulación sin frenos, que podría haberse detectado fácilmente por el Banco de España, si éste hubiera tenido la voluntad política que no tuvo. Es decir, si hubiera supervisado al sistema financiero español tal como era su responsabilidad. No lo hizo, y debieran exigírsele responsabilidades por ello, nombrando una Comisión en las Cortes Españolas (tal como ha hecho el Parlamento islandés) que averiguara el por qué de este enorme fallo. Por cierto, otros colectivos responsables de esta dejadez de responsabilidades son los propios bancos y los centros de investigación económica, como Fedea, financiados por la Banca, y que ocultaron o ignoraron las dimensiones de un problema que, a todas luces, se veía que era insostenible. Varios economistas heterodoxos alertamos en los años noventa de lo que se nos venía encima sin que se nos prestara ninguna atención. La ortodoxia económica neoliberal dominante, reproducida en los mayores medios de información y persuasión, estaba eufórica y carente de cualquier capacidad de autocrítica.

Cuando la burbuja estalló, resultado en gran parte de la negativa de las bancas alemanas y francesas a continuar prestando liquidez a los bancos españoles, los bancos españoles pasaron a tener una enorme cantidad de viviendas vacías sin posible comprador. La banca española pasó a ser la mayor propietaria de viviendas vacías que no encuentran comprador en España.

¿Por qué no se reaviva la economía española?

Si el mercado funcionara correctamente, una manera de que la Banca pudiera vender las viviendas vacías y reavivar así el mercado inmobiliario hubiera sido bajando los precios a unos niveles más asequibles (que se correspondan al nivel de salarios medios del país). La Banca, sin embargo, no lo hizo, y continúa sin hacerlo, ya que teme perder mucho dinero. En realidad el precio de la vivienda ha bajado sólo un 12,8% desde el momento en que había alcanzado el mayor precio (en 2006). Como escribió recientemente el The New York Times (18.12.10) la mayoría de expertos inmobiliarios en países europeos calcula que el precio de las viviendas en España debiera bajar un 30% o un 40% para que funcionara de nuevo el mercado de la vivienda y se recuperara así la economía.

¿Por qué no ocurre esto? Porque la Banca prefiere mantener viviendas vacías esperando a que pueda venderlas más tarde a unos precios artificialmente altos, en lugar de venderlos ahora a unos precios más bajos. Y el Banco de España protege a la Banca al indicar que los precios ya han bajado al nivel que debieran hacerlo. El Banco de España, que negó que hubiera una burbuja inmobiliaria, niega ahora que los precios de la vivienda estén todavía inflados. Y lo hace para proteger a la banca. Y protegiendo a la banca se retrasa la recuperación económica. En realidad, el estado español debería intervenir y forzar la venta de las viviendas vacías. Pero, de nuevo, el propio estado español, que tampoco predijo la burbuja inmobiliaria, continúa diciendo que “el ajuste de precios de la vivienda ya ha tenido lugar”, tal como acaba de indicar José Manuel Campa, Secretario de Estado de Economía del gobierno español.

El problema que la banca, el Banco de España y el estado español tienen es que nadie les cree. Y con razón. Es obvio que la banca no esta absorbiendo los costes de su enorme comportamiento especulativo. El que lo está pagando es el ciudadano, que se ha quedado con una hipoteca artificialmente elevada, que no puede pagar, y el usuario (empresario y persona normal y corriente) que no puede conseguir crédito porque la banca está en peligro de bancarrota.

De ahí que las agencias de valoración de la deuda privada, como Moody’s y otras, no crean lo que el Banco de España está diciendo sobre la estabilidad y fortaleza de la banca española, o sobre la validez de las pruebas a las que la banca española ha sido sometida. La falta de transparencia de la banca española es bien conocida (resultado de su excesiva influencia política y de la complicidad existente entre la Banca y el Banco de España) fuera de España. Nadie sabe con certeza, por ejemplo, el número de viviendas vacías que la Banca tiene en España, ni el número de personas con dificultades para pagar sus hipotecas. La banca lo oculta y lo único que hace el Banco de España (que debiera tener esta información) es aconsejarles cordialmente que lo hagan. Pero no lo hacen. Y es la banca la responsable de que, resultado de la desconfianza de los mercados financieros hacia la banca española, el estado español tuviera que pagar este mes un 18% de más en el pago de los intereses de la deuda española que el mes anterior.

Una última observación. Para calcular el impacto negativo que la explosión de la burbuja inmobiliaria ha tenido en causar la Gran Recesión en España, no es suficiente medir el impacto de tal explosión en la producción (es decir, en el 12% del PIB ocupado por tal sector), sino que hay que incluir también su impacto en el consumo. El crecimiento del valor de la propiedad que, como he indicado, era un crecimiento ficticio y no real, resultado de la especulación, determinó un aumento del consumo. Los propietarios de las viviendas se veían más ricos de lo que eran, y por ello aumentaron su consumo. En EEUU se ha calculado que de cada dólar que sube el valor de la propiedad, el propietario aumenta su consumo 5 céntimos. Ello implica un incremento del consumo de 500.000 millones de dólares. No conozco el cálculo para España, pero no me extrañaría que subiera un 2% del PIB. Ello determinaría que el impacto de la burbuja inmobiliaria afectara no sólo al sector de la construcción (un 12% del PIB) sino también al consumo que tal burbuja había generado (2% del PIB). La suma 12+2=14% del PIB es una cifra más que respetable y que explica el enorme vacío creado al estallar aquella burbuja, que debiera rellenarse con un aumento muy notable del gasto público, y que, al no rellenarse, causa la gran lentitud de la recuperación económica.

Y mientras, la Banca, el Gobernador del Banco de España, Fedea y el manifiesto de los 100 economistas neoliberales, tienen la osadía (por ponerlo de una manera amable) de acusar a los sindicatos de ser responsables del elevado desempleo y de la insuficiente recuperación económica. Y los mayores medios de difusión ofreciéndoles enormes cajas de resonancia. Así va España.

fuente: Vnavarro.org

El gobernador del Banco de España reconoce ahora a IU que complementa su sueldo de 165.026 euros al año con al menos 30.000 euros más en dietas

La respuesta a una solicitud de informes y documentación realizada por Gaspar Llamazares a finales de mayo señala que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras la reducción de su sueldo por las últimas medidas de ajuste, gana anualmente cerca de 2,5 veces el salario del presidente del Gobierno.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha trasladado al Congreso por primera vez de forma oficial datos relativos a sus ingresos anuales. Esto se produce después de que el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, registrara el pasado 25 de mayo en la Cámara Baja una Solicitud de Datos, Informes y Documentación a raíz de la polémica motivada por la histórica opacidad pública del sueldo del gobernador de la entidad monetaria española.

La respuesta recibida por Llamazares –enviada al Congreso con la firma del propio gobernador- aporta novedades y subsana algún ‘olvido’ sobre la rápida filtración de sus emolumentos realizada a la Prensa por esta institución el 26 de mayo, al día siguiente de tener conocimiento de la iniciativa parlamentaria registrada por IU. Así, Fernández Ordóñez indica que, además de su sueldo anual de 165.026 euros, percibe dos tipos de dietas por asistencia: 1.026 euros cada vez que se reúne el Consejo de Gobierno y otros 492 euros cuando la reunión es de la Comisión Ejecutiva del mismo Banco de España.

Dado que en la información remitida no se comunica el montante total que pueden suponer estas dietas desveladas, fuentes próximas al Banco de España consultadas por Izquierda Unida señalan que ambos complementos pueden suponer cerca de 30.000 euros brutos anuales más que sumar a los 165.026 euros de salario de los que se había informado hasta el momento.

En la documentación remitida al Congreso, Fernández Ordóñez sí que no olvida detallar explícitamente que “dichos importes incluyen la reducción establecida por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”.

Gaspar Llamazares señala que “una vez conocidos todos estos nuevos datos, se da la circunstancia de que el señor Fernández Ordóñez, que ayer mismo rechazó la creación de un impuesto a la Banca para ayudar a reducir el déficit público, que ataca la mayor contribución fiscal de los que más ganan, que apoya el endurecimiento de la reforma laboral para quitar aún más derechos a los trabajadores y al que se conocen declaraciones como que ‘la actual crisis exige poner en marcha mecanismos que permitan limitar el aumento de los costes laborales’ gana anualmente casi 2,5 veces lo que el presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero percibe 78.185 euros brutos anuales)”.

“Viendo situaciones reales como ésta parece que el gobernador tiene una grave carencia de autoridad en algunas cuestiones y le sobran autoatribuciones para meterse a diario en temas que son ajenos a las competencias de un cargo para el que le propuso el propio Rodríguez Zapatero, competencias éstas que parece tener un poco desatendidas dada su insistente preocupación por otros temas”, valora Llamazares.

fuente: izquierda unida