La reforma sanitaria que el Gobierno aprobó tras el RDL 16/2012 es
otro paso más en un objetivo perfectamente planificado que pretende
situar al Sistema Nacional de Salud (SNS) en una situación que
justifique su supuesta ineficiencia, y con ello posibilitar la entrada
de la iniciativa privada y promover el doble aseguramiento sanitario. Al
mismo tiempo que se quiebra el derecho a la universalidad de las
prestaciones cambiando el derecho de ciudadanía por la condición de
asegurado y bajo la justificación de la crisis económica, de la
necesidad de ahorro y de no gastar lo que no se tiene, el Gobierno está
tomando una serie de medidas que afectan a nuestros derechos básicos.
Las organizaciones sindicales más representativas del SNS (CSIF,
FSP-UGT, FSS-CCOO y SATSE) hemos manifestado nuestra preocupación sobre
las graves consecuencias que puede generar en la calidad asistencial y
en la atención sanitaria un recorte tan brutal, que de inmediato va a
generar desigualdades entre la población, además de empeorar las
condiciones laborales de todos los profesionales.
Las medidas adoptadas por el Gobierno van a impedir el acceso a la
tarjeta sanitaria a un importante número de inmigrantes que viven en
nuestro país. La cartera de servicios quedará dividida en tres niveles:
la financiada, la que se realiza con “repago”, es decir, con aportación
del usuario, y la que será exclusivamente de pago. Por primera vez en
nuestra democracia, 8 millones de pensionistas participarán en el copago
farmacéutico y se incrementará la aportación de la mayoría de los
usuarios.
Rechazamos las medidas del Gobierno de copagos y repagos que recaen
en los más débiles, más enfermos y más mayores, así como los recortes en
necesidades básicas sanitarias porque nos afectan a todos, y la salud
no puede ser objeto de mercadeo.
El SNS es el servicio mejor valorado por la ciudadanía, es uno de los
sectores generadores de empleo del país, con gran calidad de
profesionales y, además, tiene uno de los mejores resultados de salud
entre los países desarrollados. Para que siga siendo así, proponemos:
1. Incrementar y mejorar los servicios públicos sanitarios del SNS porque está en juego la salud de la ciudadanía.
2. Reformar la gestión del SNS orientándola a
una óptima eficiencia y efectividad en la atención sanitaria, sin
adoptar medidas estrictamente económicas que recaigan en usuarios y
profesionales.
3. Proteger y cuidar a los profesionales sanitarios, fuente principal de excelencia del SNS.
4. Potenciar el consenso, mediante el diálogo y
la negociación, con los interlocutores sociales que representan a las
trabajadoras y trabajadores.
5. Apostar por la coordinación sanitaria y
sociosanitaria, y realizar mayor inversión en Atención Primaria, porque
generará un ahorro a medio plazo en todo el SNS.
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