Por Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de Comisiones Obreras "El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales...!
Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos.
Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.
Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.
El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.
El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas.
Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.
No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de
riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.
Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.
Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social.
No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.
Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.
La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.
También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...
En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social.
Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.
Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.
Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.
En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).
Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona.
No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.
El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.
Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.
Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.
Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.
El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.
El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas.
Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.
No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de
riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.
Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social.
No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.
Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.
La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.
También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...
En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social.
Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.
Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.
Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.
En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).
Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona.
No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.
El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.
Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras.
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