De Telefónica y otras desfachateces

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de Attac.

Los sucesivos ERE dejan al descubierto un proceso de externalizaciones, mediante el que se logra que muchos trabajadores presten sus servicios en Telefónica sin ser empleados de la compañía. Es un fenómeno generalizado en las grandes sociedades.

Deberíamos tomar conciencia de este hecho insólito, lo extraordinariamente difícil que resulta para el consumidor entrar en contacto con un trabajador que tenga una relación laboral con la compañía con la que se contrata un determinado servicio. Ni quienes nos atienden para darnos información, ni quienes nos hacen el contrato, ni quienes reciben nuestras reclamaciones, ni los operarios que realizan la instalación o que reparan las averías son empleados de la sociedad prestadora del servicio. Todos ellos son personal de contratas externas y, en algunos casos, subcontratas de subcontratas.

Varias son las consecuencias de esta situación. La primera, la progresiva precariedad de las relaciones laborales: los trabajadores son contratados en condiciones bastante peores que los de la compañía original, a menudo en calidad de autónomos ficticios y con retribuciones variables y mínimas. En segundo lugar, en momentos de crisis, el despido es mucho más sencillo aun cuando la sociedad esté obteniendo pingues beneficios, ya que la relación laboral es con empresas secundarias, muchas de ellas sin capital y fáciles de cerrar en caso de necesidad. En tercer lugar, y como resultado de las anteriores, la cualificación profesional es mucho peor y la asistencia que reciben los consumidores, por ello, más deficiente.

En Telefónica concurre además otra circunstancia que deja al descubierto la verdadera condición de nuestro sistema económico y político. Telefónica ha sido privatizada y a través de ella se puede conocer en qué ha consistido el proceso de privatizaciones. Se ha producido una simbiosis perfecta entre poder político y económico. El primero ha entregado a manos privadas las grandes empresas públicas que, además de prestar servicios a todos los ciudadanos, aportaban a la Hacienda Pública elevados beneficios.

Se ha provocado así un expolio. Los políticos han colocado al frente de las empresas privatizadas a sus amigos, sin mayor título ni mérito, y éstos en justa correspondencia les reservan para cuando abandonen la actividad pública un importante puesto o el sillón de un consejo. En este mundo económico empresarial no existen ni el mérito ni la capacidad, todo se reduce al chalaneo, a la recomendación, al tráfico de influencias. Se genera de este modo una elite ficticia, cuyos componentes se autodenominan grandes especialistas y se autopremian con retribuciones de escándalo, utilizando la pueril excusa de que de lo contrario, habría fuga de cerebros. Lo peor de todo es que terminan creyéndoselo. ¿Adónde van a fugarse que estén mejor?

Por otra parte, al tratarse de mercados cautivos los mayores o menores beneficios de las empresas no guardan relación con la gestión sino con la calidad del servicio y con las tarifas que se imponen abusivamente.

Lo único que han originado las privatizaciones es un incremento del desempleo, peores condiciones laborales, retribuciones de escándalo para los ejecutivos -que no representan a nada ni a nadie excepto a los amiguetes que los han nombrado o contratado-, un empeoramiento de los servicios públicos y la indefensión del consumidor carente de todo poder frente a las grandes empresas.

El colmo de la desfachatez consiste en afirmar, tal como ha hecho Esperanza Aguirre a propósito del Canal de Isabel II que su privatización significa devolver la propiedad a los madrileños; y el colmo de la estulticia, la del presidente de Loterías declarando que si este organismo se privatiza es para que sea más eficaz, con lo que está reconociendo que su gestión ha sido un desastre. El desenlace no debería ser privatizar la entidad sino cesarle.

fuente:Attac

¿Queda algo por privatizar?

Juan Francisco Martín Seco

Creíamos que no, que entre los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar se habían deshecho de todo el importante conglomerado de empresas públicas que tenía el Estado. Pues hete aquí, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere ser menos, y rebuscando, rebuscando ha encontrado alguna cosilla. Nada menos que los aeropuertos y las loterías. Es más, parece que, puestos a privatizar, se privatiza el futuro, pues no otra cosa son las concesiones y las colaboraciones público privadas.

Allá por el año 1986, en el Consejo del INH, del que yo a la sazón era miembro, se comenzó a hablar de la conveniencia de convertir el ente público cabecera del holding en una empresa (que después se llamaría Repsol), con la finalidad de sacar una participación del capital a bolsa. Ingenuamente (bueno, no tan ingenuamente) pregunté al presidente, entonces Óscar Fanjul, acerca del propósito de tal medida. La respuesta podría pasar a los anales de las estupideces más grandes de la historia.

Se me dijo que eran dos los motivos. En primer lugar, se buscaba que los mercados dictaminasen sobre la marcha de la empresa. Como si para juzgar la gestión no hubiera mecanismos mucho más seguros que el veredicto de la bolsa. La historia está repleta de empresas que han recibido la máxima calificación de los mercados y, sin embargo, han quebrado. Además, tratándose de sociedades que funcionan en régimen de monopolio u oligopolio los beneficios poco tienen que ver con la buena o mala administración.

La segunda razón era aún más chocante. La finalidad, según decían, era obtener financiación. Todo el mundo sabe que una empresa posee dos formas de financiarse: con fondos propios (es decir, ampliando capital) o mediante fondos ajenos (pidiendo un crédito o un empréstito). El abc de la economía de la empresa nos indica en qué circunstancias se deberá optar por uno u otro procedimiento. En realidad, la cuestión no tiene mucho misterio; siempre que la tasa de beneficios se encuentre por encima del tipo de interés, lo razonable será elegir recursos ajenos, y viceversa. El INH proporcionaba al Estado una rentabilidad bastante más elevada que el coste financiero de cualquier préstamo, por lo que sacar la empresa a bolsa significaba regalar a los inversores privados una cuantiosa plusvalía. Pero quizás era eso lo que se pretendía, a juzgar por los destinos en que han terminado los artífices de la operación.

La privatización de REPSOL, al igual que la del resto de grandes empresas públicas, ha acarreado un espolio a los ciudadanos, despojándoles de activos muy rentables. Las consecuencias han sido un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, un incremento espectacular de los sueldos de sus ejecutivos, una notable reducción de los ingresos públicos (beneficios) –que de ninguna manera compensa la disminución de la previsible carga financiera de la deuda amortizada con los recursos obtenidos por la venta–, y, más grave que todo ello, la de entregar mercados cautivos a los intereses privados. Son sectores en los que resulta imposible que exista competencia. Todo monopolio es perverso, pero infinitamente más si es privado. En democracia, frente a un gobierno se tiene alguna capacidad de presión, frente al poder económico, ninguna.

En la explotación de los aeropuertos y en la administración de las loterías difícilmente puede darse la competencia. No hay sitio para el juego del mercado. Parece lógico que la iniciativa privada se oriente exclusivamente a los aeropuertos rentables y que el Estado se vea obligado a hacerse cargo de todos aquellos que son ruinosos, con lo que es de esperar que el servicio a los ciudadanos se resienta y que el déficit se incremente.

Existe una equivocación muy extendida, la de creer que las privatizaciones reducen el déficit. No es así. Más bien es factible que lo incremente. En realidad, lo único que se hace es minorar, al mismo tiempo, pasivos y activos. El impacto sobre el déficit dependerá de la relación entre la cuantía de la carga financiera de la deuda que se reduce y los ingresos que dejan de producir los activos que se venden. Tampoco parece que se produzca ningún efecto sobre la solvencia. En todo caso sería negativa, ya que esta no solamente depende del endeudamiento que se posea sino también del activo con que se cuente.

fuente: Attac

Gato por liebre

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España.

Con bastante frecuencia se nos pretende dar gato por liebre, ideología por economía. Es lo que está ocurriendo con el llamado pacto por la competitividad que se quiere aprobar en Europa. Comprende un conglomerado de medidas reaccionarias, inútiles para solucionar los problemas económicos de la eurozona, pero muy convenientes para el capital y las empresas.

A los ciudadanos se nos han impuesto profundas reformas antisociales con la excusa de los mercados. Pero la reticencia de estos ante España se orienta por otros derroteros: la desconfianza en la situación de las entidades financieras y en que la economía española pueda recuperarse. Paradójicamente, sin embargo, la reforma de los bancos y de las cajas es la única que no se ha llevado a cabo todavía. ¿Cómo sorprenderse de que los inversores desconfíen de su solvencia si desde el Gobierno y desde el Banco de España se ha cambiado varias veces el discurso y la información facilitada? Se han perdido tres años negando lo evidente. Resultaba imposible creer que el estallido de la burbuja inmobiliaria y el fuerte endeudamiento exterior no hubiesen dañado la salud de las entidades financieras. El estrangulamiento del crédito era buena señal de ello.

Las últimas medidas adoptadas y la cifra de insuficiencia financiera difundida (15.152 millones de euros) son cuestionables. Una cosa son las necesidades de capital fijadas discrecionalmente por las autoridades nacionales o por Basilea (da igual) para cumplir un coeficiente de solvencia, y otra muy distinta la solvencia o insolvencia reales que presente cada entidad financiera, que no sólo depende del capital de que se dote sino también del agujero creado en el activo por la exposición al ladrillo. La fijación en una cuantía mayor de capital necesario puede poner en dificultades a entidades que no lo necesitan y ser totalmente insuficiente para otras. Parece que lo único que se persigue es privatizar las cajas de ahorros.

La desconfianza de los inversores obedece también a sus dudas acerca de la capacidad de nuestra economía para recuperarse. Tienen razón; la pertenencia a la Unión Monetaria lo impide. Sin devaluación será muy difícil salir del estancamiento.

fuente: Attac