La deuda con los proveedores, de la que Juan Ávila responsabiliza al equipo de gobierno anterior, también es suya, al menos desde mayo de 2011. Esta deuda servirá de excusa para que el Ayuntamiento de Carmona entre en el juego de la política económica de Rajoy y se decida a pedir un crédito a los bancos que en realidad consiste en una operación encubierta para inyectar liquidez al sistema financiero.
Con los 100.000 millones de euros que el gobierno de la nación ha proporcionado a la banca al 1%, é
sta se lo prestará a los ayuntamientos al 5%, o sea, un 4% de beneficio a costa de los contribuyentes. Este crédito, avalado por el Estado y a devolver en 10 años, puede suponer que los proveedores tengan que perdonar hasta un 20% de lo que se les adeuda e impondrá a los ayuntamientos un plan de ajuste financiero muy duro. "En pocas palabras, ahogar a ayuntamientos y pequeños y medianos empresarios, para dárselo a la gran banca" según fuentes de IU.
Las entidades locales han de enviar a Hacienda un formulario denominado "plan de ajuste", con 23 medidas económicas entre las que se encuentran "la reducción de costes de personal" especialmente referida a sueldos y número de empleados, o la "regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral", de modo que se facilitan los "despidos procedentes" para el sector público, al igual que se contemplan en la reforma laboral para el privado, incluidos los expedientes de regulación de empleos (EREs). Esto significa que los empleados públicos ya pueden ser despedidos con una indemnización mínima con el simple argumento de la "insuficiencia presupuestaria".
El formulario o "plan de ajuste" debe acreditar de forma fehaciente todos los ingresos y gastos corrientes del ayutamiento solicitante y que será solvente hasta el 2022, año en el que se extinguirá el crédito.
También se tendrá que especificar a cuanto ascenderá "la reducción del número de personal de confianza", "salarios de la alta dirección" o "la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas".
Otras medidas de ahorro son: disolución de las empresas municipales con pérdidas, la reducción del número de consejeros de administración de esas empresas, reducción de contratos externalizados, reducción de los contratos llamados menores o la reducción en la prestación de servicios de carácter potestativo.
Respecto a los ingresos municipales, los ayuntamientos tienen que aclarar su política fiscal y señalar si piensan elevar los impuestos, suprimir exenciones y bonificaciones o adoptar otras medidas para aumentar la recaudación.
Por último, Hacienda exige en el plan de ajuste que los servicios públicos como la recogida de basuras (LIMANCAR) o servicios sociales y hospitalarios (Residencia de San Pedro), entre otros, han de tener autosuficiencia financiera, por lo que si el ayuntamiento decide acogerse a este plan no tendrá más remedio que subir las tasas e impuestos o despedir a parte de la plantilla de trabajadores para asegurar la rentabiladad de estos servicios.
fuente:LaVozdeCarmona
sta se lo prestará a los ayuntamientos al 5%, o sea, un 4% de beneficio a costa de los contribuyentes. Este crédito, avalado por el Estado y a devolver en 10 años, puede suponer que los proveedores tengan que perdonar hasta un 20% de lo que se les adeuda e impondrá a los ayuntamientos un plan de ajuste financiero muy duro. "En pocas palabras, ahogar a ayuntamientos y pequeños y medianos empresarios, para dárselo a la gran banca" según fuentes de IU.Las entidades locales han de enviar a Hacienda un formulario denominado "plan de ajuste", con 23 medidas económicas entre las que se encuentran "la reducción de costes de personal" especialmente referida a sueldos y número de empleados, o la "regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral", de modo que se facilitan los "despidos procedentes" para el sector público, al igual que se contemplan en la reforma laboral para el privado, incluidos los expedientes de regulación de empleos (EREs). Esto significa que los empleados públicos ya pueden ser despedidos con una indemnización mínima con el simple argumento de la "insuficiencia presupuestaria".
El formulario o "plan de ajuste" debe acreditar de forma fehaciente todos los ingresos y gastos corrientes del ayutamiento solicitante y que será solvente hasta el 2022, año en el que se extinguirá el crédito.
También se tendrá que especificar a cuanto ascenderá "la reducción del número de personal de confianza", "salarios de la alta dirección" o "la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas".
Otras medidas de ahorro son: disolución de las empresas municipales con pérdidas, la reducción del número de consejeros de administración de esas empresas, reducción de contratos externalizados, reducción de los contratos llamados menores o la reducción en la prestación de servicios de carácter potestativo.
Respecto a los ingresos municipales, los ayuntamientos tienen que aclarar su política fiscal y señalar si piensan elevar los impuestos, suprimir exenciones y bonificaciones o adoptar otras medidas para aumentar la recaudación.
Por último, Hacienda exige en el plan de ajuste que los servicios públicos como la recogida de basuras (LIMANCAR) o servicios sociales y hospitalarios (Residencia de San Pedro), entre otros, han de tener autosuficiencia financiera, por lo que si el ayuntamiento decide acogerse a este plan no tendrá más remedio que subir las tasas e impuestos o despedir a parte de la plantilla de trabajadores para asegurar la rentabiladad de estos servicios.
fuente:LaVozdeCarmona
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