Llevan negociando desde el pasado mes de julio para actualizar un acuerdo que rige desde 1985. En la práctica los números varían poco, en cuanto al total de liberados, pero en el fondo el pacto se traduce en todo un ejercicio de transparencia y racionalidad en un momento en el que la figura del ‘liberado’ sindical no goza de buena prensa debido en parte a la ofensiva lanzada por el PP en las comunidades autónomas donde gobierna.
El nuevo acuerdo “supone todo un ejercicio de transparencia y racionalización”El primer borrador que pusieron en
cima de la mesa fue en 2009 con María Teresa Fernández de la Vega en el Gobierno. Pero no ha sido hasta el pasado mes de julio cuando se ha convocado la mesa de negociación para actualizar un acuerdo que regía desde el año 1985 y que afecta exclusivamente a la representación sindical en la Administración General del Estado.
Las conversaciones y reuniones de los últimos días parece que están dando sus frutos y el Gobierno ultima –según ha podido saber nuevatribuna.es- el acuerdo con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) y los minoritarios (USO, CGT Cataluña, FEDECA, CIGA y USO).
En la práctica los números varían poco, un total de 600 ‘liberados’ sindicales o ‘permanentes’ distribuidos en proporción a la representatividad de cada sindicato. Pero en el fondo, el nuevo acuerdo “supone todo un ejercicio de transparencia y racionalización” –señalan fuentes sindicales- en un momento en que la figura del ‘liberado’ está siendo vilipendiada, adquiriendo un sentido peyorativo que la derecha política y mediática se encarga cada día de abonar.
Porque, ¿qué es un ‘liberado’ sindical? Tal y como se cita en el acuerdo que está ultimando el Ministerio de Administraciones Públicas, se trata de “representantes sindicales con modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo total”. La Constitución reconoce la libertad sindical como un derecho fundamental según el artículo 28, un derecho que se ha venido regulando por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha avalado, entre otras cosas, el derecho a la representatividad con las figuras del delegado y del ‘liberado’, así como a la propia acción sindical.
En cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público (aprobado hace tres años y conocido como el ‘Estatuto Sevilla’ por el entonces ministro Jordi Sevilla) existen dos mesas de negociación: la conocida como ‘supermesa’, que agrupa al Estado, las CCAA, Ayuntamientos y sindicatos; y la mesa de la Administración General del Estado, que no afecta a comunidades autónomas ni entes locales y que es la que se ha estado negociando desde julio pasado. El objetivo es adecuar los recursos para poder dar vía a que se puedan ejercer los derechos sindicales.
Con este pacto se pretende que afloren todas aquellas personas que ejercen esta representación sindical lo que aportará claridad a un cierto oscurantismo que la derecha está intentado capitalizar en su ofensiva contra los sindicatos, principalmente los llamados ‘de clase’.
El acuerdo blinda en cierta forma un derecho que el PP pretende vulnerar y cercenar sin ningún miramiento. El poder territorial adquirido en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo ha evidenciado aún más si cabe la ofensiva antisindical. Madrid, donde la presidenta Esperanza Aguirre, lidera una guerra encarnizada con los sindicatos desde hace años negándose incluso a abonar los subvenciones, pese a exigírselo un juez en varias sentencias condenatorias.
Pero también Galicia (Alberto Núñez Feijoo), Valencia (Carlos Fabra, sucesor de Francisco Camps), Murcia (Ramón Luis Valcarcel), Castilla y León (Juan Vicente Herrera), La Rioja (Pedro Sanz); la última Baleares (José Ramón Bauzá); así como Castilla-La Mancha, después de conocerse el plan de recortes de la presidenta María Dolores de Cospedal. Y también Cataluña, donde CiU ha optado por cerrar locales a modo de avanzadilla.
En total, supone un recorte del 60% de representación sindical en el ámbito de las comunidades autónomas que el PP está pasando a rodillo. En los Ayuntamientos (tanto del PSOE como del PP) el porcentaje de recortes llega al 20%.
fuente:NuevaTribuna
cima de la mesa fue en 2009 con María Teresa Fernández de la Vega en el Gobierno. Pero no ha sido hasta el pasado mes de julio cuando se ha convocado la mesa de negociación para actualizar un acuerdo que regía desde el año 1985 y que afecta exclusivamente a la representación sindical en la Administración General del Estado.Las conversaciones y reuniones de los últimos días parece que están dando sus frutos y el Gobierno ultima –según ha podido saber nuevatribuna.es- el acuerdo con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) y los minoritarios (USO, CGT Cataluña, FEDECA, CIGA y USO).
En la práctica los números varían poco, un total de 600 ‘liberados’ sindicales o ‘permanentes’ distribuidos en proporción a la representatividad de cada sindicato. Pero en el fondo, el nuevo acuerdo “supone todo un ejercicio de transparencia y racionalización” –señalan fuentes sindicales- en un momento en que la figura del ‘liberado’ está siendo vilipendiada, adquiriendo un sentido peyorativo que la derecha política y mediática se encarga cada día de abonar.
Porque, ¿qué es un ‘liberado’ sindical? Tal y como se cita en el acuerdo que está ultimando el Ministerio de Administraciones Públicas, se trata de “representantes sindicales con modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo total”. La Constitución reconoce la libertad sindical como un derecho fundamental según el artículo 28, un derecho que se ha venido regulando por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha avalado, entre otras cosas, el derecho a la representatividad con las figuras del delegado y del ‘liberado’, así como a la propia acción sindical.
En cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público (aprobado hace tres años y conocido como el ‘Estatuto Sevilla’ por el entonces ministro Jordi Sevilla) existen dos mesas de negociación: la conocida como ‘supermesa’, que agrupa al Estado, las CCAA, Ayuntamientos y sindicatos; y la mesa de la Administración General del Estado, que no afecta a comunidades autónomas ni entes locales y que es la que se ha estado negociando desde julio pasado. El objetivo es adecuar los recursos para poder dar vía a que se puedan ejercer los derechos sindicales.
Con este pacto se pretende que afloren todas aquellas personas que ejercen esta representación sindical lo que aportará claridad a un cierto oscurantismo que la derecha está intentado capitalizar en su ofensiva contra los sindicatos, principalmente los llamados ‘de clase’.
El acuerdo blinda en cierta forma un derecho que el PP pretende vulnerar y cercenar sin ningún miramiento. El poder territorial adquirido en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo ha evidenciado aún más si cabe la ofensiva antisindical. Madrid, donde la presidenta Esperanza Aguirre, lidera una guerra encarnizada con los sindicatos desde hace años negándose incluso a abonar los subvenciones, pese a exigírselo un juez en varias sentencias condenatorias.
Pero también Galicia (Alberto Núñez Feijoo), Valencia (Carlos Fabra, sucesor de Francisco Camps), Murcia (Ramón Luis Valcarcel), Castilla y León (Juan Vicente Herrera), La Rioja (Pedro Sanz); la última Baleares (José Ramón Bauzá); así como Castilla-La Mancha, después de conocerse el plan de recortes de la presidenta María Dolores de Cospedal. Y también Cataluña, donde CiU ha optado por cerrar locales a modo de avanzadilla.
En total, supone un recorte del 60% de representación sindical en el ámbito de las comunidades autónomas que el PP está pasando a rodillo. En los Ayuntamientos (tanto del PSOE como del PP) el porcentaje de recortes llega al 20%.
fuente:NuevaTribuna
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