La política seguida por el gobierno para combatir la crisis económica, y su repercusión negativa en las encuestas, ha sido determinante en la decisión de Zapatero de renunciar a presentarse como candidato del PSOE en las próximas 
elecciones generales previstas para el próximo año (resulta poco creíble que diga que ya lo había decidido con antelación).
elecciones generales previstas para el próximo año (resulta poco creíble que diga que ya lo había decidido con antelación).La decisión tomada no significa que el PSOE recupere automáticamente espacio electoral, tanto en las elecciones de mayo como en las futuras elecciones generales (el último cambio de gobierno, a pesar de las expectativas suscitadas, no consiguió mejorar las encuestas); sin embargo, resulta evidente que se abren nuevas posibilidades ante la pobre imagen del candidato del principal partido de la oposición. Tampoco significa que el debate político abandone la lucha partidaria, a no ser que en las primarias se presente sólo un único candidato (Rubalcaba podría ser lo más razonable, como alternativa transitoria), lo que facilitaría adentrarse en el terreno de las propuestas una vez resuelta la incógnita de la presentación de Zapatero a las elecciones generales. En todo caso, no podemos olvidar que, finalmente, el PSOE deberá celebrar su congreso ordinario después de celebradas las elecciones generales (marzo del año que viene) para elegir a su nuevo secretario general, que difícilmente será Zapatero si se repite la experiencia de unificar la figura del candidato con la secretaría general del partido.
A pesar de esta dinámica partidaria, lo importante en la situación actual no son las personas; lo importante es el debate sobre la política que se ha seguido hasta ahora (autocrítica) y la que se va a desarrollar de aquí en adelante (por el momento el comité federal del PSOE no se ha pronunciado en este sentido).
El electorado no perdona que un partido de izquierdas- sin contrapartidas para los que están sufriendo las consecuencias más severas de la crisis- ponga en práctica (aunque sea presionado por la UE y los mercados) políticas neoliberales- renunciando a las ideas socialdemócratas- en contradicción con su ideología: reforma laboral (desregula y abarata el despido), contestada por los sindicatos con una huelga general; reducción de las retribuciones de los funcionarios; congelación de las pensiones actuales; recorte de las pensiones futuras y de prestaciones sociales; y fuerte caída de la inversión pública en diversos capítulos presupuestarios, entre otras medidas.
Todo ello sin ningún resultado positivo para el empleo y la contratación indefinida, como se está demostrando, a pesar de que el empleo es lo que ha justificado la actual política de reformas exigidas por la UE, como se contempla en la exposición de motivos de la reforma laboral. Estas políticas, además, se han puesto en práctica de una manera indiscriminada y sin tener en cuenta, en nuestro caso, que el desempleo duplica la media de la UE y que, por lo tanto, resultan contraproducentes para el crecimiento y el empleo. La reciente subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo complicará aún más las cosas y retrasará la salida de la crisis por sus efectos negativos sobre el crecimiento.
Efectivamente, los últimos datos de paro registrado en las oficinas de empleo en el mes de marzo (4,3 millones de desempleados) y los de la última EPA (4,7 millones) han alcanzado cotas desconocidas en democracia, lo que agudiza el problema social que está suscitando la crisis. En términos políticos, la situación afecta muy negativamente al gobierno porque los ciudadanos no van a visualizar la salida de la crisis si no es a través de la creación de empleo y éste sólo se producirá con una economía que crezca por encima del 2 % y que tire de la demanda, como así lo reconoce hasta el propio Banco de España. Por lo tanto, el desempleo no se va a reducir antes de las próximas elecciones generales; entre otras razones, porque con esta política económica resulta imposible a corto y medio plazo hacerlo de manera significativa, como se reconoce en las últimas previsiones del gobierno socialista (el crecimiento alcanzará el 1,3% del PIB y el desempleo el 19,8% en el presente año).
Ante esta situación, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es: Qué política económica defenderá el PSOE en las próximas elecciones generales ¿Será continuista, o entrará en contradicción con la política actual? Ese es el debate.
En cualquier caso, los ciudadanos no aceptan el argumento que se esgrime con frecuencia de que la derecha política (PP) aplicará un ajuste más duro; eso importa poco a los electores porque no esperan otra cosa del PP. Tampoco la experiencia de Cameron en Inglaterra, por las mismas razones, se tendrá suficientemente en cuenta, a pesar de que puede reflejar exactamente lo que ocurra si finalmente gobierna el PP.
En todo caso, en las circunstancias actuales lo primero que debe hacer una política de empleo es resolver a corto plazo el problema que representa la falta de crédito a familias y empresas. Por lo tanto, la reforma del sector financiero (no afecta sólo a las cajas de ahorro) resulta urgente y esa es una competencia del gobierno… y del Banco de España que se ha mostrado inoperante hasta el momento. Efectivamente, el conjunto del sector financiero se ha visto impactado en negativo por el inmovilizado del ladrillo (en manos de los bancos y cajas de ahorro en buena medida), que se ha producido después de años de crédito fácil, barato y especulativo. Para resolver este problema, la vivienda debe todavía bajar más y para ello hay que exigir a los bancos que provisionen en función de su morosidad real para que el mercado se muestre más activo en la venta de terrenos e inmuebles, al comprobar los bancos que les resulta más rentable deshacer sus posiciones que mantener las inversiones fallidas en sus balances. En todo caso, el gobierno debe explorar todas las alternativas posibles para acelerar la venta de inmuebles o, en su caso, potenciar el alquiler, lo que además redundará en una política de vivienda más eficaz para los jóvenes.
Otro asunto olvidado se refiere a la política fiscal por su fuerte repercusión en la inversión pública y el empleo. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ningún guiño hacia la izquierda en fiscalidad que equilibre el reparto del costo de la crisis. El gobierno debe considerar la progresividad fiscal exigiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen y a los que más dinero ganan (los bancos siguen repartiendo altos dividendos en medio de la crisis). La lucha contra el fraude fiscal debe ir más lejos de lo que pretende el gobierno con la campaña encaminada a erradicar la economía sumergida. Debemos recordar que las cantidades que se barajan por los técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA) sobre fraude fiscal son impresionantes: 23,3% del PIB, lo que representa unos 245.000 millones de euros anuales, 10 puntos por encima de los países de nuestro entorno (la recaudación por la aplicación de medidas eficaces para atajar la economía sumergida, ya permitiría ingresar en torno a 38.500 millones de euros). Sólo falta voluntad política para abordar este problema. Además, ello debe ser compatible con la recuperación de impuestos (patrimonio) y la erradicación de los paraísos fiscales, el freno a los abusos de las agencias de calificación de riesgo, y el impuesto a las transacciones financieras en el marco de la globalización.
También hay que impulsar la reforma de las políticas activas de empleo y hacer que las oficinas públicas de empleo operen en términos reales en la intermediación del mercado de trabajo, no sólo como simples pagadores de la prestación por desempleo. En este sentido, hay que impulsar la intermediación y la coordinación de las oficinas públicas de empleo en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo: por ejemplo los relacionados con las personas dependientes, la educación infantil, y los empleos verdes (medioambientales) que nos sitúen cerca de los países más avanzados de la UE.
Finalmente, una política de empleo debe abordar el cambio de nuestro modelo productivo a medio y largo plazo y en este sentido tenemos que trabajar con urgencia por su comprobada influencia en una economía sostenible. En nuestro país tenemos ejemplos sobrados de territorios con comportamientos diferenciados en relación con el modelo productivo (País Vasco y Navarra en torno al 11% de desempleo y una economía diversificada y por otra parte Andalucía y Canarias, por encima del 28%, con una economía muy dependiente del turismo, la construcción y el sector servicios). Esto se repite también si comparamos a España con otros países de la UE. Por eso hay que diversificar la economía y apostar por la educación, la investigación, la innovación, y la tecnología, así como por productos de gran valor añadido y sectores emergentes: Energías renovables, medio ambiente, coche eléctrico, alta velocidad, rehabilitación de inmuebles… si queremos ser competitivos en un mundo globalizado.
Tenemos un problema grave con el desempleo. Por eso no podemos perder el tiempo en debates partidarios, aunque éstos sean importantes. Lo que verdaderamente transciende a la opinión pública es la política que se realice con el propósito de salir rápidamente de la crisis. Lo ciudadanos exigen también una política más justa y redistributiva que supere las desigualdades sociales y evite el avance de la pobreza. En este sentido esperan una mayor eficacia en la creación de empleo, lo que resulta fundamental, sobre todo para los jóvenes (42% de desempleo) que no tienen ninguna expectativa de futuro, como no sea la emigración a otros países. Hasta ahora no han tenido más respuesta que conceptos que se repiten sistemáticamente: eliminar (derechos), reformar, recortar, ajustar, rebajar… para contentar a los mercados. Resulta extraño que en estos momentos no se abra un debate nacional sobre las políticas que nos ayuden a crear empleo, evitando así el despilfarro de tener a miles y miles de jóvenes en paro- que además muchos son parados de larga duración y no tienen prestación por desempleo -con el consiguiente problema social que ello genera. También extraña que los más perjudicados por la crisis no protesten mostrando su indignación en la actual situación, aunque todo indica que algo se está moviendo en el seno de la UE.
A pesar de lo dramático que resultan los datos del paro, el poder institucional- con escaso contacto con la realidad social, como se ha podido comprobar en el parlamento europeo en el debate sobre los desplazamientos aéreos en clase preferente, o en las declaraciones del ministro de trabajo pidiendo moderación salarial para los próximos 10 años, sin mención expresa a las desorbitadas retribuciones de los altos ejecutivos - sigue más preocupado por el déficit y la deuda pública, y por cómo reducir el diferencial que nos separa de la deuda alemana, sin analizar las consecuencias que tiene la brutal política de ajuste de la UE para el empleo. La realidad es muy tozuda y todo indica que el gobierno ha perdido la iniciativa y, lo que es más grave, da la sensación- sin apoyos en la UE- que ha dado por perdida la batalla por el empleo. Ello puede explicar lo que está ocurriendo y dota de contenido al eslogan: “Otra política es posible”.
fuente:AntonSaracibarNuevaTribuna
A pesar de esta dinámica partidaria, lo importante en la situación actual no son las personas; lo importante es el debate sobre la política que se ha seguido hasta ahora (autocrítica) y la que se va a desarrollar de aquí en adelante (por el momento el comité federal del PSOE no se ha pronunciado en este sentido).
El electorado no perdona que un partido de izquierdas- sin contrapartidas para los que están sufriendo las consecuencias más severas de la crisis- ponga en práctica (aunque sea presionado por la UE y los mercados) políticas neoliberales- renunciando a las ideas socialdemócratas- en contradicción con su ideología: reforma laboral (desregula y abarata el despido), contestada por los sindicatos con una huelga general; reducción de las retribuciones de los funcionarios; congelación de las pensiones actuales; recorte de las pensiones futuras y de prestaciones sociales; y fuerte caída de la inversión pública en diversos capítulos presupuestarios, entre otras medidas.
Todo ello sin ningún resultado positivo para el empleo y la contratación indefinida, como se está demostrando, a pesar de que el empleo es lo que ha justificado la actual política de reformas exigidas por la UE, como se contempla en la exposición de motivos de la reforma laboral. Estas políticas, además, se han puesto en práctica de una manera indiscriminada y sin tener en cuenta, en nuestro caso, que el desempleo duplica la media de la UE y que, por lo tanto, resultan contraproducentes para el crecimiento y el empleo. La reciente subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo complicará aún más las cosas y retrasará la salida de la crisis por sus efectos negativos sobre el crecimiento.
Efectivamente, los últimos datos de paro registrado en las oficinas de empleo en el mes de marzo (4,3 millones de desempleados) y los de la última EPA (4,7 millones) han alcanzado cotas desconocidas en democracia, lo que agudiza el problema social que está suscitando la crisis. En términos políticos, la situación afecta muy negativamente al gobierno porque los ciudadanos no van a visualizar la salida de la crisis si no es a través de la creación de empleo y éste sólo se producirá con una economía que crezca por encima del 2 % y que tire de la demanda, como así lo reconoce hasta el propio Banco de España. Por lo tanto, el desempleo no se va a reducir antes de las próximas elecciones generales; entre otras razones, porque con esta política económica resulta imposible a corto y medio plazo hacerlo de manera significativa, como se reconoce en las últimas previsiones del gobierno socialista (el crecimiento alcanzará el 1,3% del PIB y el desempleo el 19,8% en el presente año).
Ante esta situación, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es: Qué política económica defenderá el PSOE en las próximas elecciones generales ¿Será continuista, o entrará en contradicción con la política actual? Ese es el debate.
En cualquier caso, los ciudadanos no aceptan el argumento que se esgrime con frecuencia de que la derecha política (PP) aplicará un ajuste más duro; eso importa poco a los electores porque no esperan otra cosa del PP. Tampoco la experiencia de Cameron en Inglaterra, por las mismas razones, se tendrá suficientemente en cuenta, a pesar de que puede reflejar exactamente lo que ocurra si finalmente gobierna el PP.
En todo caso, en las circunstancias actuales lo primero que debe hacer una política de empleo es resolver a corto plazo el problema que representa la falta de crédito a familias y empresas. Por lo tanto, la reforma del sector financiero (no afecta sólo a las cajas de ahorro) resulta urgente y esa es una competencia del gobierno… y del Banco de España que se ha mostrado inoperante hasta el momento. Efectivamente, el conjunto del sector financiero se ha visto impactado en negativo por el inmovilizado del ladrillo (en manos de los bancos y cajas de ahorro en buena medida), que se ha producido después de años de crédito fácil, barato y especulativo. Para resolver este problema, la vivienda debe todavía bajar más y para ello hay que exigir a los bancos que provisionen en función de su morosidad real para que el mercado se muestre más activo en la venta de terrenos e inmuebles, al comprobar los bancos que les resulta más rentable deshacer sus posiciones que mantener las inversiones fallidas en sus balances. En todo caso, el gobierno debe explorar todas las alternativas posibles para acelerar la venta de inmuebles o, en su caso, potenciar el alquiler, lo que además redundará en una política de vivienda más eficaz para los jóvenes.
Otro asunto olvidado se refiere a la política fiscal por su fuerte repercusión en la inversión pública y el empleo. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ningún guiño hacia la izquierda en fiscalidad que equilibre el reparto del costo de la crisis. El gobierno debe considerar la progresividad fiscal exigiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen y a los que más dinero ganan (los bancos siguen repartiendo altos dividendos en medio de la crisis). La lucha contra el fraude fiscal debe ir más lejos de lo que pretende el gobierno con la campaña encaminada a erradicar la economía sumergida. Debemos recordar que las cantidades que se barajan por los técnicos del ministerio de hacienda (GESTHA) sobre fraude fiscal son impresionantes: 23,3% del PIB, lo que representa unos 245.000 millones de euros anuales, 10 puntos por encima de los países de nuestro entorno (la recaudación por la aplicación de medidas eficaces para atajar la economía sumergida, ya permitiría ingresar en torno a 38.500 millones de euros). Sólo falta voluntad política para abordar este problema. Además, ello debe ser compatible con la recuperación de impuestos (patrimonio) y la erradicación de los paraísos fiscales, el freno a los abusos de las agencias de calificación de riesgo, y el impuesto a las transacciones financieras en el marco de la globalización.
También hay que impulsar la reforma de las políticas activas de empleo y hacer que las oficinas públicas de empleo operen en términos reales en la intermediación del mercado de trabajo, no sólo como simples pagadores de la prestación por desempleo. En este sentido, hay que impulsar la intermediación y la coordinación de las oficinas públicas de empleo en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo: por ejemplo los relacionados con las personas dependientes, la educación infantil, y los empleos verdes (medioambientales) que nos sitúen cerca de los países más avanzados de la UE.
Finalmente, una política de empleo debe abordar el cambio de nuestro modelo productivo a medio y largo plazo y en este sentido tenemos que trabajar con urgencia por su comprobada influencia en una economía sostenible. En nuestro país tenemos ejemplos sobrados de territorios con comportamientos diferenciados en relación con el modelo productivo (País Vasco y Navarra en torno al 11% de desempleo y una economía diversificada y por otra parte Andalucía y Canarias, por encima del 28%, con una economía muy dependiente del turismo, la construcción y el sector servicios). Esto se repite también si comparamos a España con otros países de la UE. Por eso hay que diversificar la economía y apostar por la educación, la investigación, la innovación, y la tecnología, así como por productos de gran valor añadido y sectores emergentes: Energías renovables, medio ambiente, coche eléctrico, alta velocidad, rehabilitación de inmuebles… si queremos ser competitivos en un mundo globalizado.
Tenemos un problema grave con el desempleo. Por eso no podemos perder el tiempo en debates partidarios, aunque éstos sean importantes. Lo que verdaderamente transciende a la opinión pública es la política que se realice con el propósito de salir rápidamente de la crisis. Lo ciudadanos exigen también una política más justa y redistributiva que supere las desigualdades sociales y evite el avance de la pobreza. En este sentido esperan una mayor eficacia en la creación de empleo, lo que resulta fundamental, sobre todo para los jóvenes (42% de desempleo) que no tienen ninguna expectativa de futuro, como no sea la emigración a otros países. Hasta ahora no han tenido más respuesta que conceptos que se repiten sistemáticamente: eliminar (derechos), reformar, recortar, ajustar, rebajar… para contentar a los mercados. Resulta extraño que en estos momentos no se abra un debate nacional sobre las políticas que nos ayuden a crear empleo, evitando así el despilfarro de tener a miles y miles de jóvenes en paro- que además muchos son parados de larga duración y no tienen prestación por desempleo -con el consiguiente problema social que ello genera. También extraña que los más perjudicados por la crisis no protesten mostrando su indignación en la actual situación, aunque todo indica que algo se está moviendo en el seno de la UE.
A pesar de lo dramático que resultan los datos del paro, el poder institucional- con escaso contacto con la realidad social, como se ha podido comprobar en el parlamento europeo en el debate sobre los desplazamientos aéreos en clase preferente, o en las declaraciones del ministro de trabajo pidiendo moderación salarial para los próximos 10 años, sin mención expresa a las desorbitadas retribuciones de los altos ejecutivos - sigue más preocupado por el déficit y la deuda pública, y por cómo reducir el diferencial que nos separa de la deuda alemana, sin analizar las consecuencias que tiene la brutal política de ajuste de la UE para el empleo. La realidad es muy tozuda y todo indica que el gobierno ha perdido la iniciativa y, lo que es más grave, da la sensación- sin apoyos en la UE- que ha dado por perdida la batalla por el empleo. Ello puede explicar lo que está ocurriendo y dota de contenido al eslogan: “Otra política es posible”.
fuente:AntonSaracibarNuevaTribuna
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