El diario estadounidense The New York Times informa de que el ejército libio está utilizando bombas de racimo de fabricación española contra zonas civiles en la ciudad de Misrata. La información la ha obtenido a partir de los testimonios de testigos y supervivientes, y a través del hallazgo de restos de sub-municiones sin detonar, y ha sido confirmada por los equipos de Human Rights Watch que analizan la situación en territorio libio.
De acuerdo con las evidencias encontradas, las bombas de racimo que el ejército de Gadafi ha empleado en varios bom
bardeos y combates durante esta semana corresponden a la munición MAT-120, fabricada en España por la empresa aragonesa Instalaza. La MAT-120 consta de 21 sub-municiones y se utiliza para dañar a personas y destruir blindados ligeros. Los registros de las municiones encontradas muestran que se fabricaron en 2007 y habrían sido exportadas durante 2007 y 2008, antes de la entrada en vigor del Tratado de Oslo.
Desde Greenpeace participamos activamente en la campaña que llevó a la prohibición, junto con otras organizaciones agrupadas en la Coalición contra las bombas de racimo. Nuestros argumentos eran, y creemos que siguen siendo, inapelables. Se trata de armas de efecto indiscriminado que matan a civiles durante los bombardeos, ya que siembran de explosivos grandes territorios sin distinguir entre blancos civiles y militares. Y los matan después, ya que parte de las municiones no explotan y quedan dispersas, matando y mutilando mucho tiempo después de que las guerras hayan terminado.
Su uso actual en Libia demuestra todo lo anterior y algunas cosas más. Primero, recordamos muy bien cuando la empresa Instalaza nos aseguraba que sus armas tenían que seguir siendo legales ya que eran “absolutamente seguras”. Según aseguraban, habían incorporado los más modernos mecanismos de autodestrucción para garantizar que no existía el problema de las municiones sin explotar. Pero esas municiones sin explotar se han encontrado ahora en Libia, lo que demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la seguridad absoluta no existe cuando hablamos de bombas de racimo y que por eso había que prohibirlas. Todas.
En segundo lugar, qué ironía. La coalición internacional actúa en Libia para proteger a la población, y resulta que está siendo atacada… con armas españolas. Cierto que fueron vendidas antes de entrar en vigor y aplicarse en España el Tratado, pero es una nueva muestra de ceguera política o de cinismo. Hasta 2007 se le vendían a Libia y a otros lugares bombas de racimo, sin pensar en las consecuencias. Y hasta principios de este año se han seguido vendiendo armas desde España a este mismo país, y a prácticamente todos los demás regímenes despóticos del mundo árabe, que están ahora envueltos en revueltas y protestas de sus poblaciones. Parece que sólo cuando finalmente son utilizadas nos damos cuenta del peligro. ¿No es posible pensarlo antes? Cuando se venden armas a regímenes autoritarios y donde hay riesgo de represión y de violaciones de los derechos humanos, el principio de precaución debería estar por encima de los intereses comerciales.
Ese principio de precaución está claramente contemplado en la Ley 53/2007, que regula las ventas españolas de armas. Es una lástima que la interpretación de la ley que está haciendo el Gobierno quede lejos de lo deseable y de lo que le reclamamos las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control.
fuente: Greenpeace
bardeos y combates durante esta semana corresponden a la munición MAT-120, fabricada en España por la empresa aragonesa Instalaza. La MAT-120 consta de 21 sub-municiones y se utiliza para dañar a personas y destruir blindados ligeros. Los registros de las municiones encontradas muestran que se fabricaron en 2007 y habrían sido exportadas durante 2007 y 2008, antes de la entrada en vigor del Tratado de Oslo.Desde Greenpeace participamos activamente en la campaña que llevó a la prohibición, junto con otras organizaciones agrupadas en la Coalición contra las bombas de racimo. Nuestros argumentos eran, y creemos que siguen siendo, inapelables. Se trata de armas de efecto indiscriminado que matan a civiles durante los bombardeos, ya que siembran de explosivos grandes territorios sin distinguir entre blancos civiles y militares. Y los matan después, ya que parte de las municiones no explotan y quedan dispersas, matando y mutilando mucho tiempo después de que las guerras hayan terminado.
Su uso actual en Libia demuestra todo lo anterior y algunas cosas más. Primero, recordamos muy bien cuando la empresa Instalaza nos aseguraba que sus armas tenían que seguir siendo legales ya que eran “absolutamente seguras”. Según aseguraban, habían incorporado los más modernos mecanismos de autodestrucción para garantizar que no existía el problema de las municiones sin explotar. Pero esas municiones sin explotar se han encontrado ahora en Libia, lo que demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la seguridad absoluta no existe cuando hablamos de bombas de racimo y que por eso había que prohibirlas. Todas.
En segundo lugar, qué ironía. La coalición internacional actúa en Libia para proteger a la población, y resulta que está siendo atacada… con armas españolas. Cierto que fueron vendidas antes de entrar en vigor y aplicarse en España el Tratado, pero es una nueva muestra de ceguera política o de cinismo. Hasta 2007 se le vendían a Libia y a otros lugares bombas de racimo, sin pensar en las consecuencias. Y hasta principios de este año se han seguido vendiendo armas desde España a este mismo país, y a prácticamente todos los demás regímenes despóticos del mundo árabe, que están ahora envueltos en revueltas y protestas de sus poblaciones. Parece que sólo cuando finalmente son utilizadas nos damos cuenta del peligro. ¿No es posible pensarlo antes? Cuando se venden armas a regímenes autoritarios y donde hay riesgo de represión y de violaciones de los derechos humanos, el principio de precaución debería estar por encima de los intereses comerciales.
Ese principio de precaución está claramente contemplado en la Ley 53/2007, que regula las ventas españolas de armas. Es una lástima que la interpretación de la ley que está haciendo el Gobierno quede lejos de lo deseable y de lo que le reclamamos las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control.
fuente: Greenpeace
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