Este artículo resume un informe publicado por uno de los centros de reflexión económica más importantes de Estados Unidos, Economic Policy Institute sobre la financiaci
ón del sistema de pensiones públicas en Estados Unidos. Este informe señala que el retraso obligatorio de la edad de jubilación en Estados Unidos de 65 a 67 años es una medida que, además de afectar negativamente el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto en generar recursos a la Seguridad Social menor que otras medidas encaminadas a aumentar los ingresos al sistema, medidas no consideradas en España.
ón del sistema de pensiones públicas en Estados Unidos. Este informe señala que el retraso obligatorio de la edad de jubilación en Estados Unidos de 65 a 67 años es una medida que, además de afectar negativamente el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto en generar recursos a la Seguridad Social menor que otras medidas encaminadas a aumentar los ingresos al sistema, medidas no consideradas en España.Se acaba de publicar un informe en EE.UU. que es especialmente relevante para España. El título es “Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong approach for Social Security” (El retraso obligatorio de la edad de jubilación es la medida errónea para salvar la Seguridad Social) y analiza la experiencia que supone para el sistema de pensiones públicas en EE.UU. la medida aprobada por el Congreso de EE.UU. de retrasar la edad de jubilación en aquel país de 65 a 67 años. La autoría del trabajo es de uno de los centros de investigación económica y social más importantes de EE.UU., el Economic Policy Institute (EPI).
La tesis de tal informe, documentada con gran evidencia científica, es que tal medida, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto en la viabilidad del sistema público de pensiones menor que otras medidas que deberían haberse tomado si las reformas se hubieran centrado más en el capítulo de ingresos a la Seguridad Social que en el de gastos. Señala por ejemplo, que, los ingresos al sistema de pensiones públicas en EEUU han ido disminuyendo (en términos proporcionales) como consecuencia de la creciente polarización de las rentas, polarización que ha ido ocurriendo en la sociedad estadounidense como resultado de las políticas públicas que se han ido desarrollando por el gobierno federal durante los últimos treinta años, medidas que, aún no siendo las únicas, han tenido un papel determinante en la polarización de las rentas en aquel país. Los datos empíricos que apoyan tal tesis son contundentes. Las rentas del capital han crecido mucho más rápidamente que las rentas del trabajo. Y dentro de estas últimas, ha habido una enorme desigualdad de crecimiento, con un incremento muy notable de los salarios de los profesionales de elevado nivel de renta, y un estancamiento e incluso descenso de los salarios de la mayoría de la población trabajadora (con un aumento, muy elevado por cierto, del trabajo subterráneo o trabajo negro).
El documento muestra como tal polarización de las rentas ha afectado negativamente los ingresos al sistema de pensiones. Puesto que en EEUU (tal y como ocurre en todos los países en que las pensiones públicas se financian a base de las cotizaciones basadas en el trabajo) los ingresos a la Seguridad Social derivan de las rentas del trabajo, nos encontramos que cuanto menores sean las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total, menores son los ingresos a la Seguridad Social. Y a menores salarios y menor porción del salario que cotiza, menores son los ingresos a la Seguridad Social. El problema, pues, para la Seguridad Social es que, a no ser que la gran mayoría de los salarios suban, los ingresos a la Seguridad Social no suben. No es suficiente con que el grupo minoritario de salarios altos suba, pues una parte considerable de los salarios altos quedan excluidos de cotizar a la Seguridad Social (una situación semejante ocurre en España donde uno de los banqueros más ricos de España, el Sr. Emilio Botín, paga a la Seguridad Social un porcentaje de su salario mucho, mucho más bajo que el de un mero empleado de su banco).
Si la contribución a la Seguridad Social, sin embargo, fuera progresiva, en lugar de regresiva (como lo es ahora) y si los fondos del Estado a la Seguridad Social fueran superiores (un 18%) a los existentes ahora, tales ingresos serían equivalentes a los ahorros que quieren obtenerse a base de disminuir los beneficios, retrasando la edad de jubilación dos años. Estas observaciones son aplicables a España, pues nuestro país es uno de los más desiguales existentes en la UE-15, como muestran los estudios de la Luxembourg Study Groups (pero no los que se basan en los datos de la OCDE que, al estar basados en las declaraciones de renta dan una visión muy optimista y poco real de la distribución de la renta en España).
Otra observación que hace el informe del EPI es que el cambio demográfico es sensible a intervenciones públicas. El descenso tan notable de la natalidad del Sur de Europa se debe al poco poder que la mujer tiene en la sociedad, con escaso desarrollo de los servicios de ayuda a las familias (como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las personas con dependencia) que permitan a las mujeres compaginar las responsabilidades familiares (que debieran compartirse con el varón) con su proyecto profesional. El hecho de que la natalidad en el norte de Europa es mucho mayor que en el Sur se debe a las mejores condiciones laborales y sociales en los países del norte que del sur de la UE. Como dice el informe del EPI el problema de la generación del baby boom no es el boom (la explosión), sino el bust (el descenso). Una medida que facilitaría la solvencia de las pensiones futuras sería facilitar que las familias españolas tuvieran el número de hijos que desean, es decir 2 niños. Pero, como bien señala el informe del EPI, el impacto de la jubilación del baby boom se está exagerando, pues es transitorio y significaría sólo un ascenso del gasto relativamente menor (0.6% del PIB). Lo que debiera hacerse es facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo exigiendo además que se pague a la mujer como al hombre, (impidiendo el crecimiento de las desigualdades que están empobreciendo a la Seguridad Social) y asegurarse que el crecimiento de la productividad se traduzca en un incremento salarial en lugar del crecimiento de las rentas del capital. El crecimiento salarial determinaría el crecimiento de las contribuciones de la Seguridad Social.
Pero otra observación que hace el informe del EPI es la injusticia que supone para muchos trabajadores que se les exige que trabajen dos años más. En realidad, señala que el 40% de la gente que tuvo que jubilarse antes de lo que deseaban era por causas de enfermedad, o por tener que cuidar a otra persona o familiar, o por haber perdido su trabajo. Sus ingresos bajaron en picado. Es más, la enorme discriminación que existe en EE.UU. (y en España) hacia los ancianos, hace muy difícil que puedan conseguir trabajo de nuevo. En cuanto a los que continúan trabajando, el 45% de trabajadores con 65 años trabajan en trabajos físicamente exigentes, que consideran estresantes. Tal y como he señalado en otro texto, un gran error (con un coste humano elevado) es asumir que el incremento de la longevidad significa un retraso en el proceso de envejecimiento. En realidad, para muchas personas de las clases populares, a la edad de 67 años, tienen ahora menos años de vida saludable que hace veinte años (ver mi artículo: “Falsedades sobre las pensiones”.Público, 13.01.11). He ahí que el informe del EPI señale lo profundamente injusta que es esta medida de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación al aplicarse por igual a todas las clases sociales.
fuente: VicençNavarro
La tesis de tal informe, documentada con gran evidencia científica, es que tal medida, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto en la viabilidad del sistema público de pensiones menor que otras medidas que deberían haberse tomado si las reformas se hubieran centrado más en el capítulo de ingresos a la Seguridad Social que en el de gastos. Señala por ejemplo, que, los ingresos al sistema de pensiones públicas en EEUU han ido disminuyendo (en términos proporcionales) como consecuencia de la creciente polarización de las rentas, polarización que ha ido ocurriendo en la sociedad estadounidense como resultado de las políticas públicas que se han ido desarrollando por el gobierno federal durante los últimos treinta años, medidas que, aún no siendo las únicas, han tenido un papel determinante en la polarización de las rentas en aquel país. Los datos empíricos que apoyan tal tesis son contundentes. Las rentas del capital han crecido mucho más rápidamente que las rentas del trabajo. Y dentro de estas últimas, ha habido una enorme desigualdad de crecimiento, con un incremento muy notable de los salarios de los profesionales de elevado nivel de renta, y un estancamiento e incluso descenso de los salarios de la mayoría de la población trabajadora (con un aumento, muy elevado por cierto, del trabajo subterráneo o trabajo negro).
El documento muestra como tal polarización de las rentas ha afectado negativamente los ingresos al sistema de pensiones. Puesto que en EEUU (tal y como ocurre en todos los países en que las pensiones públicas se financian a base de las cotizaciones basadas en el trabajo) los ingresos a la Seguridad Social derivan de las rentas del trabajo, nos encontramos que cuanto menores sean las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total, menores son los ingresos a la Seguridad Social. Y a menores salarios y menor porción del salario que cotiza, menores son los ingresos a la Seguridad Social. El problema, pues, para la Seguridad Social es que, a no ser que la gran mayoría de los salarios suban, los ingresos a la Seguridad Social no suben. No es suficiente con que el grupo minoritario de salarios altos suba, pues una parte considerable de los salarios altos quedan excluidos de cotizar a la Seguridad Social (una situación semejante ocurre en España donde uno de los banqueros más ricos de España, el Sr. Emilio Botín, paga a la Seguridad Social un porcentaje de su salario mucho, mucho más bajo que el de un mero empleado de su banco).
Si la contribución a la Seguridad Social, sin embargo, fuera progresiva, en lugar de regresiva (como lo es ahora) y si los fondos del Estado a la Seguridad Social fueran superiores (un 18%) a los existentes ahora, tales ingresos serían equivalentes a los ahorros que quieren obtenerse a base de disminuir los beneficios, retrasando la edad de jubilación dos años. Estas observaciones son aplicables a España, pues nuestro país es uno de los más desiguales existentes en la UE-15, como muestran los estudios de la Luxembourg Study Groups (pero no los que se basan en los datos de la OCDE que, al estar basados en las declaraciones de renta dan una visión muy optimista y poco real de la distribución de la renta en España).
Otra observación que hace el informe del EPI es que el cambio demográfico es sensible a intervenciones públicas. El descenso tan notable de la natalidad del Sur de Europa se debe al poco poder que la mujer tiene en la sociedad, con escaso desarrollo de los servicios de ayuda a las familias (como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las personas con dependencia) que permitan a las mujeres compaginar las responsabilidades familiares (que debieran compartirse con el varón) con su proyecto profesional. El hecho de que la natalidad en el norte de Europa es mucho mayor que en el Sur se debe a las mejores condiciones laborales y sociales en los países del norte que del sur de la UE. Como dice el informe del EPI el problema de la generación del baby boom no es el boom (la explosión), sino el bust (el descenso). Una medida que facilitaría la solvencia de las pensiones futuras sería facilitar que las familias españolas tuvieran el número de hijos que desean, es decir 2 niños. Pero, como bien señala el informe del EPI, el impacto de la jubilación del baby boom se está exagerando, pues es transitorio y significaría sólo un ascenso del gasto relativamente menor (0.6% del PIB). Lo que debiera hacerse es facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo exigiendo además que se pague a la mujer como al hombre, (impidiendo el crecimiento de las desigualdades que están empobreciendo a la Seguridad Social) y asegurarse que el crecimiento de la productividad se traduzca en un incremento salarial en lugar del crecimiento de las rentas del capital. El crecimiento salarial determinaría el crecimiento de las contribuciones de la Seguridad Social.
Pero otra observación que hace el informe del EPI es la injusticia que supone para muchos trabajadores que se les exige que trabajen dos años más. En realidad, señala que el 40% de la gente que tuvo que jubilarse antes de lo que deseaban era por causas de enfermedad, o por tener que cuidar a otra persona o familiar, o por haber perdido su trabajo. Sus ingresos bajaron en picado. Es más, la enorme discriminación que existe en EE.UU. (y en España) hacia los ancianos, hace muy difícil que puedan conseguir trabajo de nuevo. En cuanto a los que continúan trabajando, el 45% de trabajadores con 65 años trabajan en trabajos físicamente exigentes, que consideran estresantes. Tal y como he señalado en otro texto, un gran error (con un coste humano elevado) es asumir que el incremento de la longevidad significa un retraso en el proceso de envejecimiento. En realidad, para muchas personas de las clases populares, a la edad de 67 años, tienen ahora menos años de vida saludable que hace veinte años (ver mi artículo: “Falsedades sobre las pensiones”.Público, 13.01.11). He ahí que el informe del EPI señale lo profundamente injusta que es esta medida de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación al aplicarse por igual a todas las clases sociales.
fuente: VicençNavarro
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