Cuando un Gobierno actúa al servicio de un banco o un banquero, el
estado de derecho se debilita. Cuando la historia se repite con otro
Gobierno de distinto partido, pero con el mismo banquero y dos años
después, se hace difícil hablar de estado de derecho.
Honorabilidad bancaria y bipartidismo
Joan Coscubiela
Eso es lo que ha pasado en España con Alfredo Sáenz,
vicepresidente del Banco de Santander, condenado por el Tribunal
Supremo en febrero de 2011 por un delito de denuncia falsa contra un
cliente, cuando estaba al frente de Banesto. No está de más recordar que
se trata de una condena por una acusación falsa que llevó a la cárcel a
tres personas inocentes. Encarcelación acordada por el juez Estivill que,
durante años, fue miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta de
CIU, y que terminó él mismo condenado y en la cárcel por prevaricación.

Después de esta condena, la normativa bancaria vigente impedía a
Sáenz continuar como vicepresidente del Santander. A pesar de ello, el
Banco de España dirigido por
Fernández Ordóñez nunca le aplicó la normativa y le permitió continuar ejerciendo como banquero.
Para dar respaldo a esta irregularidad, el Gobierno Zapatero,
después de perder las elecciones y mientras estaba en funciones, le
concedió el indulto a Sáenz. Más allá de la valoración política de esta
decisión del Gobierno del PSOE, que explica su sometimiento a la gran
banca y muchas otras cosas más, el indulto concedido por Zapatero se
extralimitó en su contenido.
El Gobierno del PSOE era consciente que el indulto solo cancela las
consecuencias penales de la condena, pero no cancela los antecedentes
penales. Y sabedor el Gobierno que, con antecedentes penales vigentes
por delito doloso Sáenz no podía continuar como vicepresidente del
Santander, incluyó una cláusula ilegal en el Decreto de indulto que
permitía la continuidad del banquero.
En ese momento Zapatero no solo usó la discrecionalidad que le otorga
la ley para conceder indultos, que es una herencia de las prerrogativas
del monarca absoluto, sino que de manera arbitraria se extralimitó en
sus funciones. Y lo hizo mientras estaba a punto de dejar el Gobierno y
dirigirse al Consejo de Estado como miembro nato.
Durante todo el año 2012, la diputada Laia Ortiz y yo mismo, con el asesoramiento del letrado Rafael Mendoza
y actuando en nombre de ICV, hemos ejercido todo tipo de acciones
legales. Requerimos al Banco de España para que aplicara la ley y
exigiera el cese de Sáenz, con respuesta negativa por parte de su
gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Impugnamos
el indulto ante el Tribunal Supremo, al igual que lo hicieron otros
particulares. Y por último, hemos presentado querella contra el
gobernador del Banco de España. Además de requerir al nuevo gobernador,
el señor Linde, que cumpliera la ley y exigiera al Santander el cese de Sáenz.
El resultado de momento es que el Tribunal Supremo nos da la razón y dicta sentencia que declara que el indulto otorgado por Zapatero se
extralimitó y nunca podía cancelar los antecedentes penales. También se
ha admitido a trámite nuestra querella contra MAFO que ha alegado en su
descargo que su decisión de salvar a Sáenz la adoptó con el acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva del Banco de España.
Y en esas estábamos, cuando el Gobierno Rajoy, conocedor que el cerco sobre Sáenz se iba estrechando, decide a propuesta de su Ministro de Economía, el banquero Luis de Guindos, modificar la normativa bancaria y especialmente el artículo que impedía a Sáenz continuar
como banquero. Este perverso itinerario lo puede cerrar el Banco de
España que ahora con una nueva normativa hecha a la medida del banquero,
podría rechazar la petición de cese de Sáenz. Aunque puedo asegurar que
en ICV haremos todo lo posible para que no triunfe tremenda impunidad.
Llegados a este punto, creo que es legítimo que la ciudadanía se formule algunas preguntas:
¿Puede considerarse honorable para dirigir un Banco, un banquero con
antecedentes penales vigentes por haber presentado una denuncia falsa
contra un cliente y haber provocado con ello la entrada en la cárcel de
tres personas inocentes?
¿Tiene legitimidad el Banco de Santander para despedir o sancionar
trabajadores por faltas laborales de mucha menos entidad que la del
señor Sáenz?
¿Qué razones han tenido Zapatero y Rajoy, el PSOE y el PP, para ponerse al servicio del Banco de Santander?
¿Puede una sociedad soportar que los dos grandes partidos que han
protagonizado una alternancia bipartidista en el Gobierno durante cuatro
décadas, gobiernen al servicio de un banquero y su banco?
¿Que garantías tenemos que Zapatero en el Consejo de Estado no continúe comportándose de la misma manera?
¿Y Rajoy cuando llegue, después de dejar de ser Presidente del Gobierno?
¿Existe el Estado de Derecho, cuando se hacen normas pro singulis, es
decir al servicio de una persona? ¿Puede un Estado tener legitimidad
cuando actúa al servicio de un grupo financiero?
¿Tienen credibilidad algunos políticos cuando se quejan de las
movilizaciones sociales, hechas a la luz del día frente a ellos y
toleran y se someten a las presiones clandestinas de lobbies y grupos de
poder?
¿Hay alguna explicación del comportamiento de la mayoría de los
medios de comunicación, silenciando durante dos años este asunto? ¿Se
puede hablar de democracia, cuando aparecen cada vez más indicios que
entre poder financiero, poder mediático y poder político no existe
distinción alguna?
¿Entienden porque algunos estamos hablando de régimen acabado y
democracia bloqueada y exigimos un proceso constituyente, que comience
por ser "destituyente" de este statuo quo antidemocrático?
fuente:NuevaTribuna.es