Rodolfo Benito
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En su deriva autoritaria y neoconservadora,
el gobierno del PP acaba de anunciar, por medio de su ministro de
Justicia, una nueva vuelta de tuerca en su espiral de recortes, en este
caso de derechos y libertades (reforma del Código Penal para facilitar
la imputación de sindicatos y partidos), que se suma a los sociales y
laborales que viene imponiendo.
Se trata, en ambos casos, de expresiones de un mismo diseño
ideológico conservador que, con la crisis como pretexto, pretende
desmantelar los servicios del Estado de Bienestar, desregular las
relaciones laborales y consolidar la desigualdad social, para lo que se
requiere la deslegitimación primero y la penalización después de quienes
se le enfrentan, especialmente de las organizaciones sindicales.
El puzzle se va componiendo, las piezas van encajando. Y es que
efectivamente, cuando desde los medios más conservadores se inició la
campaña de acoso y deslegitimación contra los sindicatos, no estábamos
ante hechos aislados, sino ante una estrategia perfectamente
planificada.
La campaña contra dirigentes sindicales, preñada de bulos y de
falsedades, el ataque a las estructuras sindicales a través de los
“liberados sindicales”, sobre los recursos de los sindicatos, la presión
sobre las manifestaciones, sobre el derecho de huelga, sobre los
derechos de participación…, se completa ahora con la reforma anunciada
por Gallardón dirigida a reprimir las formas de exteriorización del
conflicto social que generan los recortes laborales y sociales impuestos
que, lejos de contribuir a la salida de la crisis, no hacen sino
profundizar en la misma y ampliar la fractura social del país.
Como se viene planteando desde los sectores neoliberales, los derechos de protección social son perturbaciones
del mercado. Y ya se sabe lo que ha de hacerse con las perturbaciones.
Dicho de otro modo: quebrar el espinazo al sindicalismo confederal es un
requisito necesario para destruir los derechos sociales, sin ningún
tipo de obstrucción.
De hecho, la aplicación a los sindicatos, que desarrollan una
actividad de amplia proyección social, de medidas de responsabilidad
penal inicialmente previstas para las sociedades mercantiles, permite
diseñar los mecanismos necesarios para imputar a la organización
convocante, promotora, o simplemente a la que se le considere
“beneficiaria” del conflicto en el que se generan los hechos, una
responsabilidad penal que puede llevar aparejada no sólo importantes
multas económicas, sino igualmente la intervención o disolución de la
organización, la clausura de los locales o instalaciones, la suspensión
de sus actividades, la prohibición de realizar en el futuro las
actividades en cuyo ejercicio se impute el delito –como la convocatoria
de huelga, o de manifestaciones o reuniones–, o a intervención judicial
de sus actividades.
Estamos, pues, ante la puerta abierta para que las organizaciones
sindicales puedan ser disueltas, incautados sus bienes y clausura de sus
actividades, a través de la imputación de cualquier práctica cometida
en el curso de huelgas, piquetes, manifestaciones, no ya por sus órganos
de dirección, sino por sus afiliados o simples “simpatizantes”.
Llama poderosamente la atención que tales medidas, particularmente
restrictivas de los derechos de los trabajadores y de las organizaciones
sindicales, se anuncien tras la convocatoria de la Huelga General del
próximo 14 de noviembre. Presenta todos los indicios de que estamos ante
una medida con la que se quiere castigar precisamente a las
organizaciones sociales que vienen manteniendo una posición activa de
confrontación con la posición del Gobierno en el recorte de los derechos
sociales y laborales.
Se trata, en definitiva, de ataques intolerables en una sociedad
democrática, que con un descarado componente ideológico, pretenden
limitar la capacidad de acción de los sindicatos y desmontar la cultura
de los derechos, base fundamental de la vertebración de la sociedad y
donde radica también el legítimo protagonismo del sindicalismo
confederal.
fuente:NuevaTribuna
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