Pleno extraordinario y urgente dia 30 de agosto 2016.
Pleno extraordinario y urgente dia 30 de agosto 2016. 1. Justificación de la urgencia .
2. Ratificación del convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del programa operativo 2016 del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla.
Jornaleros afectados por un supuesto fraude a la Seguridad Social
marchan este domingo hasta el Parlamento andaluz para pedir que se
retiren las sanciones y la vía penal. El SEPE considera que estaban
compinchados con las empresas para no pagar los seguros sociales.
“Fui a trabajar a los melocotones como siempre. Me llegó un mensaje
diciéndome que estaba dada de alta, venía en mi vida laboral. Cuando
acabé, eché mi paro en marzo, con mi certificado de empresa, con todo,
tan bien, y al año me vino una carta diciendo que era un fraude, que
esas peonadas no estaban trabajadas y eran indebidas. Y
ahí empezó todo para atrás. Tuve que devolver todo el paro que había
cobrado, unos 2.500 euros”. Así cuenta Loli su particular calvario
después de conocer que la empresa para la que trabajó, Agrícola Espino,
no había pagado los seguros sociales. Según el coordinador del sindicato
Co.bas, David Pérez, más de mil trabajadores han tenido que devolver su
prestación, se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros y en muchos
casos a penas de hasta tres años de cárcel. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera que estaban compinchados con esta empresa y Baena Franco, también dentro del supuesto fraude.
“A mí llamaron a declarar en agosto. Y esto es indignante. No sabes
si mañana te va a llegar otra carta, si te van a pedir más dinero. Nos
piden cárcel. Yo tengo a mi marido enfermo, tengo una hipoteca y tengo
un hijo de 28 años que no trabaja. Mañana me voy al verdeo“,
relata Loli, de 52 años, que prefiere no decir su apellido. En su caso,
además, ha perdido el acceso al subsidio especial para mayores de esa
edad, que le hubiera permitido llegar a la jubilación sin necesidad de
acreditar jornadas. “Ahora tengo que trabajar otros cinco años más. Y el
problema no es ese. El problema es que, además, cuando vas a los
cortijos a pedir trabajo y dices que tienes 52 años, te
sueltan directamente que con esa edad prefieren a un hombre.
¿A qué estamos jugando?”, se pregunta. También limpia casas y, de vez
en cuando, trabaja como camarera: “Pero eso es pan para hoy y hambre pa mañana”.
Este domingo, los trabajadores y trabajadoras marcharán en manifestación hasta el Parlamento de Andalucía
para pedir el respaldo de los partidos. La Diputación de Sevilla ya ha
aprobado por unanimidad una moción promovida por Participa Sevilla en la
que se solicita la retirada de la acusación penal y el levantamiento de
las sanciones: “Cuesta creer que en vez de arremeter
contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las
víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas
empresas. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las
sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel”.
Pérez, que calcula que las cantidades supuestamente defraudadas
superan el millón de euros, denuncia que detrás de este caso hay un
intento de criminalizar a los jornaleros y desmantelar
el PER: “A estas personas no se les ha dado la oportunidad de defenderse
hasta el momento y se está vulnerando la presunción de inocencia”.
Loli asegura que tiene compañeras que lo están pasando incluso peor
que ella: “Algunas están con depresión. Esto es un martillazo en la
cabeza. Te afecta en todo, en lo personal, en lo emocional, en lo
físico… Es un abuso de poder impresionante, indignante”. Tiene cita en
el juzgado el próximo 16 de septiembre. “Debería haber un levantamiento
en este país. Hasta que no pase algo gordo, hasta que alguien no se
queme en la puerta el Parlamento, aquí nadie va a hacer nada, ni se va a
tomar conciencia de este conflicto”, concluye.